* Intentaron impedir que cumpliera con su encomienda de velar por el respeto a los derechos humanos, afirma Salazar Vadillo Mérida, Yuc , 6 de abril (apro)- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), Sergio Salazar Vadillo, acusó al gobernador Patricio Patrón Laviada y al Congreso del estado, de "atar" las manos al organismo para impedir que cumpliera su misión de velar por el respeto de las garantías fundamentales Cuando le falta menos de cuatro meses para concluir su gestión de cuatro años al frente de la Codhey, Salazar Vadillo afirmó que esta estrategia fue impulsada por Patrón Laviada y secundada por los diputados locales, quienes autorizaron "exiguos recursos" para el funcionamiento de la Comisión En entrevista con Apro, el ombudsman estatal se quejó de que mientras las denuncias por violación a los derechos humanos aumentaban año con año ?412 en 2001; 800, en 2002; y 1,600, en 2005?, la Codhey enfrentó la merma de sus recursos económicos Recordó que en su primer año de funcionamiento solicitó 18 millones de pesos, pero sólo fueron autorizados 35 millones, y más recientemente, en el 2005, planteó 19 millones de pesos de presupuesto y recibió 10 millones 800 mil pesos Estos recursos, explicó, son insuficientes para promover la cultura de los derechos humanos Añadió que la Codhey pisó "muchos callos" y motivó que algunas dependencias del gobierno del estado, entre ellas la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Salud, se pusieran el "saco" de las recomendaciones que fueron emitidas de buena fe y en defensa de los intereses ciudadanos Salazar Vadillo envió el 27 de marzo pasado una carta al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Jorge Gamboa Wong, en la que le manifestó su intención de no buscar la reelección por considerar que el procedimiento no responde al interés de los ciudadanos Su periodo vence el 30 de julio "Abierto el proceso para decidir sobre mi permanencia al frente de la Codhey, por elemental congruencia debo hacer pública mi decisión de abstenerme de participar en el mismo, toda vez que, conforme a la ley vigente, queda totalmente al margen la opinión ciudadana y, por el contrario, el resultado queda sujeto exclusivamente a la consideración de los integrantes de la actual Legislatura, es decir, a la espuria intervención de intereses de orden político-partidistas, cuyos antecedentes han demostrado que no suelen caminar en el sentido del interés social", dijo el ombudsman en su carta Salazar Vadillo explicó que en esa carta, que fue tomada a mal por la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso, Magali Cruz Nucamendi, no tenía la intención de ofender a los diputados, pero que en el terreno de los hecho las decisiones recientes, como el caso de la insaculación de consejeros del Instituto Electoral de Yucatán, habían resultado contrarias a los intereses ciudadanos, además de lamentables "No fue mi intención de señalar o lastimar a los diputados, sino de ser congruente con mi pensamiento", justificó El ombudsman explicó que en Yucatán el gobierno no entendió correctamente el trabajo del organismo, sino que las recomendaciones fueron tomadas como agresiones "Esto se debe --dijo--, a que las autoridades no estaban preparadas para la misión de la Codhey y porque estaban acostumbrados a hacer lo que les viniera en gana, atentando incluso contra los derechos humanos" En cuatro años, la Codhey emitió aproximadamente 140 recomendaciones, de las cuales "pocas" (no precisó el número porque pronto rendirá un informe detallado) fueron cumplidas por el gobierno del estado y los municipios El 30% de las mismas fue dirigido a la Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría de Salud