Puebla: Turbios negocios de candidato del PRI al Senado

jueves, 8 de junio de 2006
* Como director del Instituto Poblano de la Vivienda, Óscar Aguilar González despojó de sus viviendas a más de 40 personas en Cuautlancingo para revenderlas en 100 mil pesos, afirman colonos afectados Puebla, Pue , 7 de junio (apro)- A mediados del 2004, el septuagenario Francisco Bravo Villamil se aseaba tranquilamente en la pequeña ducha de su casa de 90 metros cuadrados, en la unidad habitacional Vivah 98, en Cuautlancingo, Puebla De pronto, personal del Instituto Poblano de la Vivienda (IPV) irrumpió en su hogar y lo clausuraron "por abandono", aun cuando el anciano se encontraba en el interior Entre 1998 y 1999, Bravo Villamil, al igual que más de 630 familias, recibió su vivienda como parte de un convenio entre el gobierno del estado y la Federación Sin embargo, desde hace dos años más de 40 colonos de las unidades Vivah 98 y Gobernadores ?incluido el anciano-- han sido despojados de sus hogares por el exdirector del IPV, Óscar Aguilar González, de acuerdo con denuncias penales por abuso de autoridad, cohecho, robo a casa habitación y despojo que han interpuesto los afectados presentadas en febrero pasado Según la denuncia, Aguilar González ?suplente del candidato priista al Senado, el exgobernador Melquíades Morales-- primero desaloja a los colonos, especialmente a personas solteras, ancianos o familias pequeñas con el argumento de que están abandonadas; posteriormente revende las viviendas hasta en 100 mil pesos, con lo cual ha obtenido ganancias superiores a los siete millones Tan sólo en la colonia Gobernadores 30 colonos fueron despojados de sus hogares por el exfuncionario, quien habría obtenido poco más de cuatro millones de pesos El resto de los siete millones, en la unidad Vivah 98, afirma la diputada federal panista Miriam Arabian La estrategia de Aguilar González, de acuerdo con la denuncia, consiste en arrebatar viviendas a personas solteras o con pocos habitantes para luego revenderlas hasta por 100 mil pesos a segundos compradores La versión de los denunciantes señala que el 14 de mayo de 1999 las autoridades federal y estatal celebraron el contrato de asignación de vivienda con números de folio 015, 0566, 0038, 0591, 0422, 0932, 0778, 0549, 0126, 0557, 0998 y 1027, correspondientes a la parcela 12, manzana 19, lote 19 de la reserva territorial Quetzalcóatl, del municipio de Cuautlancingo Sin embargo, un año después, iniciaron los desalojos, con el argumento de que las viviendas estaban abandonadas; pero a partir del 2004 se incrementaron María Victoria Pérez Rosete, presidenta de la unidad habitacional, precisa que desde 2004 aumentaron los desalojos Incluso, subraya, el Instituto Poblano de la Vivienda clausuró casas por abandono, aun cuando dentro de ellas permanecían sus habitantes Y es que, según el convenio federal, las instancias gubernamentales tienen el derecho de reasignar las viviendas cuando están desocupadas, aunque, en la práctica, acusó la lideresa, la administración estatal que preside Mario Marín, revendió casas habitadas En su denuncia, fechada el 11 de febrero de 2006, María Beatriz García Flores, Juan Zares Cabrera, María Elena Moreno, Joel Carlos Oropeza, Denice Rodríguez, y otros cinco habitantes denuncia: "Óscar Aguilar González se ha apoderado de nuestras viviendas en forma furtiva, haciendo uso del cargo público que desempeña, enviando al coordinador jurídico del Instituto, quien en compañía de otras personas del sexo masculino, han allanado nuestras viviendas, apoderándose de nuestras pocas pertenencias, sin permitirnos el acceso a nuestros domicilios, colocando candados y cambiando chapas a las puertas para impedirnos el acceso" Una vez clausuradas las casas, acusan los afectados, Aguilar González los intentó extorsionar exigiéndoles el pago de 40 mil pesos para recuperar los inmuebles asignados originalmente en 1998 con recursos tripartitas Juan Martín Sánchez González, asesor jurídico del IPV, argumenta que las reasignaciones de viviendas iniciaron desde finales del 2000, y que continuaron conforme los habitantes abandonaron las casas subsidiadas por los gobiernos federal y estatal Tildó a la lideresa de los colonos de ser "revendedora, dedicada exclusivamente a estafar a sus vecinos mediante el cobro de cuotas" En el limbo Después de 8 años de haber entrado en vigor el programa, los vecinos aún no reciben sus escrituras, aun y cuando ya superaron por 3 años el plazo estipulado por el programa Vivah 98 para obtenerlas, el cual venció en el 2003 En una carta enviada al delegado de la Sedesol, Pedro Plaza Montaño, el pasado 16 de mayo, los habitantes exigen "concluir el proceso de escrituración" para "obtener seguridad" en su patrimonio "A la fecha se han desencadenado invasiones, reventas, y reasignaciones que ponen en peligro nuestros derechos "Hemos hecho gestiones indistintamente, tanto con el gobierno del estado como con al Sedesol, y a la fecha las constantes evasivas, la irresponsabilidad de los funcionarios que atienden este asunto y las pugnas políticas que gobiernan al estado y la Federación, nos han generado trámites inciertos, ventanillas que un día nos atienden en un lado y otras veces en otro" En otro documento, los habitantes del conjunto popular integrado por 637 casas revelan que el exdelgado de la Sedesol Ramón Mantilla González de la Llave estaba enterado desde el 26 de mayo de 2005 de la reventa de casas presuntamente operada por Aguilar González en la reserva territorial Momoxpan Ante la insistencia de los quejosos, Aguilar González amenazó en entrevista con presentar una denuncia en el Distrito Federal por más de 5 millones de pesos contra cada uno de los denunciantes, por el delito de daño moral, así como a la diputada federal del PAN, Miriam Arabian El exdirector del IPV argumentó que, al menos, 10 colonos se han dedicado a dañar su imagen, al denunciarlo por abuso de autoridad, cohecho, robo a casa habitación y despojo En contraparte, los supuestos afectados enviaron un exhorto urgente a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para que intervenga ante la proliferación de invasiones, reventas y reasignaciones de casas financiadas con recursos federales

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