Da la SCJN razón a Fox contra la Auditoría Superior de la Federación

martes, 15 de agosto de 2006 · 01:00
* Determina que la instancia de la Cámara de Diputados se excedió en sus funciones y violó la Constitución * Fiscalizó un fideicomiso que no contaba con recursos públicos México, D F, 14 de agosto (apro)- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió hoy una controversia constitucional promovida por el presidente Fox en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y determinó que la instancia perteneciente a la Cámara de Diputados se excedió en sus facultades La SCJN señaló que la ASF violó la Constitución al fiscalizar un fideicomiso que no contaba con recursos públicos, ya que el dinero cuestionado no pertenece al erario, pues está integrado con fondos privados La Corte invalidó un pliego de observaciones que le giró la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Hacienda, en junio de 2004, para que corrigiera y sancionara a los responsables del presunto manejo irregular de 2 mil 200 millones de pesos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) La controversia se originó luego de que la ASF revisara la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2002 y concluyera que el SAT no había remitido a la Tesorería de la Federación 2,200 millones de pesos que recaudó por concepto del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), con lo que presuntamente habría generado un perjuicio a la hacienda pública por dicha cantidad Con base en esta determinación, en junio de 2004, la Auditoría le envió al SAT un oficio para que corrigiera las irregularidades en un plazo de 45 días En respuesta a esta decisión, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en nombre del presidente de la República, Vicente Fox, promovió ante la SCJN una controversia constitucional en contra de la ASF, en la que pidió invalidar el oficio, porque el dinero impugnado forma parte de los pagos por concepto de los servicios de procesamiento electrónico de datos en las aduanas a cargo de empresas privadas, el cual se maneja a través de un fideicomiso con recursos de particulares y no con dinero público

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