México, D F, 15 de agosto (apro)- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no sean reportados los ingresos por el pago de "trámites aduaneros", provocará que no se auditen recursos por cerca de 10 mil millones de pesos y, en su caso, "recuperaciones adicionales sobre dicho dinero Durante la revisión de las cuentas públicas de 2001, 2002, 2003 y 2004, la ASF detectó diversas irregularidades en el cobro de los Derechos de Trámite Aduanero (DTA), los cuales no fueron depositados en la Tesorería de la Federación El monto de lo no reportado a las arcas federales fue de 9 mil 935 millones de pesos, los cuales fueron depositados en Nacional Financiera, en el fideicomiso privado Aduanas 1; estos recursos fueron utilizados para pagar a la empresa privada Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA) por la prestación de servicios para el procesamiento electrónico de datos y a las empresas que prestaban el servicio de apoyo al despacho aduanero Después de estas observaciones, la Secretaría de la Función Publica promovió ante la de Hacienda (SHCP) la constitución de un fideicomiso público para que a través de éste se recibieran los recursos de la Tesorería de la Federación provenientes de una parte de los DTA, impuesto que pagan los importadores y exportadores de la República Mexicana A partir de ello, durante 2005 se recuperaron para el erario federal 2 mil 457 millones de pesos, "el 25% de lo observado Estos recursos el fidecomiso privado Aduanas 1 los regresó durante los meses de mayo a diciembre de 2005" Sin embargo, el fallo del pasado lunes de la Suprema Corte "tendrá como consecuencia que no se audite el uso de los recursos observados y, en su caso, recuperaciones adicionales relacionadas con las observaciones que se presentaron en la fiscalización de las cuentas públicas 2001 a 2004", indica la ASF A pesar de ello, el auditor Arturo González de Aragón señaló que acatará la resolución; sin embargo no está de acuerdo Luego de las observaciones del auditor, donde también se cuestiona la participación del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al haber creado un fidecomiso privado para recibir los millonarios recursos y no reportarlos a la Federación, ordenó que este dinero se regrese al erario federal, pero en lugar de hacerlo el Ejecutivo federal a cargo de Vicente Fox, promovió un recurso ante la SCJN Pasaron años antes de que la Suprema Corte decidiera su fallo, el lunes pasado consideró que la SHCP y su titular actuaron de manera correcta, por lo que cerca de 10 mil millones de pesos no podrán ser auditados