México, D F, 23 de agosto (apro)- Desde la clandestinidad y en su calidad de prófugo de la justicia, el depuesto dirigente sindical de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, solicitó hoy al canciller Luis Ernesto Derbez, detener las acciones diplomáticas con el gobierno de Canadá, para su extradición a México El líder minero llamó a Derbez a la "reflexión y a la decisión inteligente y serena que caracteriza al Servicio Exterior Mexicano", contra la dureza del supuesto acoso de los procuradores de justicia y las decisiones de jueces que, dijo, "cumplen consignas" En un comunicado difundido por los grupos que lo apoyan, Gómez Urrutia aseguró que el Tratado de Extradición con Canadá jurídicamente no aplica, pues adolece de las adecuaciones constitucionales necesarias En el mensaje, Gómez Urrutia dijo que la intervención de la cancillería de solicitar a Canadá su detención provisional con fines de extradición, sería contraria a la Constitución mexicana y a la Ley de Tratados Internacionales Sostuvo que también sería contraria a la Ley de Extradición y los Derechos Humanos Ello, señaló, independientemente de que se trata de una "persecución política, como confirman los hechos, las circunstancias y los procedimientos de investigación y judiciales" Precisó que en el Tratado de Extradición entre Canadá y México, promulgado en septiembre de 1990, no se hicieron las adecuaciones constitucionales cuando, en 1993 y 1999, se llevaron a cabo reformas al sistema de garantías constitucionales de carácter penal Refirió que la retroactividad se explica por la aplicación de los códigos penales del Distrito Federal, Sonora y San Luis Potosí, entidades donde se giraron las órdenes de aprehensión, que fueron promulgados después de entrar en vigor el Tratado de Extradición entre México y Canadá Gómez Urrutia expresó que la detención con fines de extradición viola el estado de derecho de México, puesto que éste prohíbe la aplicación retroactiva de la ley "El mismo Tratado de Extradición contiene disposiciones contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Declaración de los Derechos Humanos, considerando el orden jurídico vigente", dijo