Jalapa, Ver , 9 de enero (apro)- El Congreso local estudia llamar a comparecer al procurador Emeterio López Márquez, a fin de que explique la situación que guardan las investigaciones sobre las denuncias penales presentadas contra exfuncionarios públicos hace más de un año Y es que López Márquez y el fiscal Francisco López Contreras han declarado que "no hay suficientes pruebas" para ejercitar acción penal contra los presuntos responsables de daño patrimonial al erario Las denuncias fueron interpuestas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), en octubre de 2004, contra varios exalcaldes y exfuncionarios del gobierno de Miguel Alemán, por el desvío de recursos de la cuenta pública del 2003, cuyo monto global asciende a mil 500 millones de pesos Por ello, diputados de PAN y PRD exigieron al titular de la PGJE emitir ya una determinación jurídica sobre este asunto, es decir, si procede la acción penal correspondiente Y aunque hay términos legales para que la autoridad judicial emita una resolución, esto no ha sucedido a un año cuatro meses de interpuestas las querellas, "lo que indica que se podrían archivar los expedientes", alertan el perredista Uriel Flores Aguayo y el panista Miguel Ángel Yunes Así, para el presidente de la Comisión de Vigilancia, Yunes Márquez, la actuación que ha tenido la PGJE en este caso demuestra la falta de interés para combatir la corrupción Un ejemplo: pese a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó a los exdirectivos del fideicomiso Club Tiburones Rojos de Veracruz, presidido por Rafael Herrerías Olea, devolver a las arcas estatales más de 600 millones de pesos y el pago de una multa similar, un total de mil 372 millones, el gobierno no ha actuado en consecuencia Y en la parte administrativa, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Rafael Murillo Pérez, admitió que se "tiene que actuar, proceder a embargar los bienes y recuperar los mil 372 millones de pesos que se les impuso de multa a estos individuos" Recordó que durante la comparecencia de Murillo Pérez ante el Congreso local --en noviembre pasado--, el funcionario "se comprometió públicamente a exhibir los documentos acerca de este procedimiento, y hasta la fecha no ha recibido nada, esto significa que tampoco por esa vía se va a proceder" Por ello calificó de una mentira el que el Orfis no haya entregado pruebas suficientes, ya que los diputados de la Comisión de Vigilancia, incluidos los priístas, "estuvimos vigilando las labores del organismo, y es muy lamentable que desde ahora el procurador se deslinde públicamente de este asunto" Además, de acuerdo con la ley, la PGJE tiene la obligación de buscar las pruebas de los hechos denunciados para finalmente llegar al fondo del asunto, "pues sería absurdo y ridículo que cuando alguien llega a denunciar el robo de su casa, la Procuraduría le pidiera que le llevará al ladrón" En este caso, remarcó, si realmente la PGJE no encontró elementos de prueba como para perseguir el delito, "que lo diga, de manera legal y no a través de declaraciones públicas, para que la gente se dé cuenta de lo que realmente está pasando "La PGJE debe emitir la determinación, y que diga ?no hay delito que perseguir?, y ya nosotros decidiremos lo conducente, pero no se vale que nada más diga que no hay pruebas y deje los expedientes en ?archivo muerto? para que simplemente no se puedan tocar", subrayó Para el coordinador de la bancada del PRD, Uriel Flores Aguayo, "este asunto debe pasar de una declaración de prensa a una declaración jurídica", es decir, la PGJE debe emitir ya una determinación a través de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos Precisó: "Creo que lo que dijo el procurador es en preparación del acto jurídico, de la determinación que él va a tomar, pero mientras ésta no exista, seguiremos arrastrando esta temática", sobre todo de los casos más graves y que causaron mucha expectativa, como son los fideicomisos de los Tiburones Rojos y el de la administración del Impuesto sobre Nómina Ahora toca al Congreso fijar una postura, sobre todo, agregó, "si lo vemos desde el punto de vista institucional y de grupos legislativos", por lo que la Comisión de Vigilancia y el Orfis deberán determinar la forma en que los diputados en su conjunto deben proceder en este asunto Hasta hoy, subrayó, se ha hablado mucho de la grave responsabilidad en que incurrieron algunos funcionarios en el asunto del fideicomiso de los Tiburones Rojos y el de administración del Impuesto a la Nómina, "pero no se ve acción ni tampoco justicia por el desvío y utilización negativa de los recursos públicos"