Villahermosa, Tab , 17 de enero (apro)- El secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, dijo desconocer si la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió alguna recomendación al gobierno de Tabasco por la detención ilegal y torturas de militantes perredistas, en víspera de los comicios del pasado 15 de octubre "No hay ningún dictamen; son rumores, y en ese sentido no podemos especular Cuando lo tengamos, podríamos hablar con toda serenidad", aseguró, y explicó que la única información que tiene es referente a la llegada a Tabasco de un visitador de la CNDH, pero señaló que al gobierno estatal no se le notificado ningún dictamen sobre este caso "Son puras especulaciones", reiteró el experredista, no obstante que hace dos días el propio gobernador Andrés Granier Melo se pronunció por proceder legalmente en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, a quienes la CNDH recomendó investigar por el caso de los perredistas detenidos y torturados "Que se proceda legalmente Yo estoy con la ley, lo que la ley diga; yo haré cumplir lo que la ley diga", sostuvo Granier Melo el pasado lunes "Se debe investigar hasta donde es la responsabilidad de cada exfuncionario de la administración anterior", señaló Granier Melo Sin embargo, para su secretario de Gobierno y compadre, Humberto Mayans, son "rumores" la recomendación 46/2006, que el pasado 29 de diciembre emitió la CNDH al gobierno de Tabasco para investigar el caso de ocho perredistas privados ilegalmente de su libertad y torturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, para que confesaran que llegaron a Tabasco a "quemar urnas" y "desestabilizar" las elecciones Por su lado, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) señaló que el gobierno de Tabasco no ha acatado ninguna de las recomendaciones que le ha hecho llegar la CNDH, por lo que sería "una buena señal" que el gobierno de Granier Melo atendiera la recomendación 46/2006 Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del Codehutab, explicó que, en su recomendación, la CNDH pide al gobierno estatal instruya a la Contraloría del estado fincar responsabilidades administrativas a los funcionarios implicados en la detención y tortura de los perredistas El abogado consideró que también existe responsabilidad penal, por lo que la Procuraduría de Justicia del estado debe dirigir sus primeras investigaciones hacia el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Cano Torres, por haber incurrido "en falsedad de información, abuso de autoridad y tortura" Aseguró que habría que llamar también a cuentas a los policías que participaron en el operativo y los actos de tortura, así como a los agentes del Ministerio Público que tuvieron que ver con la integración de las averiguaciones previas y los agentes judiciales Además, dijo, a los médicos legistas que falsearon el diagnóstico, al dejar asentado que los detenidos no presentaban ningún tipo de lesiones ni huellas físicas y psicológicas de tortura, como lo comprobó después y lo dictaminó la CNDH "Las faltas de esos peritos son tan graves que pudieran quedar impedidos para ejercer su profesión por algún tiempo determinado", afirmó