Exalcalde de Orizaba, detenido por abuso de autoridad y extorsión

martes, 13 de noviembre de 2007
Jalapa, Ver , 12 de noviembre (apro)- El exalcalde de Orizaba, el priista Martín Cabrera Zavaleta, fue detenido hoy por agentes de la Policía Ministerial del estado Cabrera Zavaleta está acusado de abuso de autoridad y extorsión, entre otros delitos cometidos en 2004, de acuerdo con la causa penal 19/006 derivada de la denuncia penal presentada por el patronato de la feria Expori En su momento, el presidente de dicho patronato, Manuel Díaz Franco ?actual alcalde electo--, acusó y denunció penalmente a Martín Cabrera por haber cerrado de manera arbitraria, durante tres días, las taquillas de la feria, con el argumento de que no habían pagado al Ayuntamiento los impuestos correspondientes Este día, el juzgado Tercero de Primera Instancia giró la orden de aprehensión contra el exalcalde de ese lugar, la cual se cumplimentó poco después de las 9 horas, cuando Cabrera Zavaleta salía de su domicilio particular en Orizaba, de donde los agentes ministeriales lo trasladaron a Fortín de las Flores y posteriormente lo recluyeron en el Centro de Readaptación Social de ese lugar Ya en el penal, en entrevista, el exedil responsabilizó de su detención al hoy alcalde electo de Orizaba, Juan Manuel Díez Franco, quien, siendo panista, contendió con la siglas de la alianza Fidelidad por Veracruz en las elecciones locales del 2 de septiembre pasado Además, aseguró que fue detenido de manera "arbitraria", ya que los agentes ministeriales no le presentaron la orden de aprehensión y lo golpearon con la culata de sus armas El problema, refirió, surgió cuando el actual alcalde electo era presidente del patronato de la feria y se negó a pagar los impuestos respectivos al Ayuntamiento: "Me acusaron de haber originado la pérdida de 300 mil pesos debido a que fueron clausuradas 4 taquillas" Aunque la autoridad judicial estatal hizo efectiva esta orden de aprehensión, Martín Cabrera enfrenta al menos tres denuncias más en su contra interpuestas por el área jurídica del Congreso del estado por el desvío millonario de recursos públicos durante su administración municipal, que concluyó en 2004, pero hasta hoy el asunto esta parado en la Procuraduría de Justicia veracruzana

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