México, D F, 13 de noviembre (apro-cimac)- Luego de lograr la excarcelación de la indígena mazahua, Magdalena García Durán, quien fue implicada indebidamente en los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, la abogada Bárbara Zamora emprenderá ahora una batalla legal para llevar a juicio político al gobernador del Estado de México, Enrique Peña, entre otros funcionarios y exfuncionarios mexiquenses En conferencia de prensa, la defensora legal del bufete jurídico Tierra y Libertad afirmó que el caso de García Durán no ha concluido, que ahora peleará para que se le haga justicia y se castigue a los responsables de injusta reclusión Entre ellos, mencionó al gobernador Peña Nieto, al procurador Abel Villicaña, al presidente del Tribunal de Justicia estatal José Castillo Ambriz, así como a los jueces Jaime Maldonado y Alberto Cervantes La defensora de derechos humanos consideró que lo más importante es que estos hechos no queden en la impunidad Calificó de "tortuoso y manipulado" el proceso penal contra Magdalena García, y denunció que las instituciones de procuración y administración de justicia del Estado de México están al servicio del gobernador, pues en el caso de los detenidos de Atenco, y en específico de Magdalena, "la sentenciaron sin mediar prueba alguna" Destacó que "ha existido en todo este proceso una maquinación perversa entre la Procuraduría y los jueces para mantener en la cárcel a otras 24 personas" La activista pidió hacer una revisión del Poder Judicial y de la Procuraduría mexiquenses y que, por un principio de división de poderes, "sean retiradas todas las fotografías de Enrique Peña Nieto que permanecen en todos los juzgados, porque es una muestra más de su injerencia" A las instancias internacionales Aunque no hay plazos para comenzar el procedimiento de juicio político contra los funcionarios estatales y el gobernador, Zamora explicó que armarán una acusación más amplia y agotarán todas las instancias nacionales en su reclamo de justicia En caso de no obtenerla --porque reconoció que los juicios políticos promovidos contra gobernadores no han prosperado--, recurrirán a las instancias internacionales de defensa de derechos humanos, como las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)