Oaxaca, Oax , 16 de noviembre (apro)- Los ciudadanos de Oaxaca viven hoy con más inseguridad que en otros periodos de su historia, debido a un "enfoque autoritario de seguridad" impuesto por el gobernador Ulises Ruiz, denunció la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) Roberto Carretón, consultor de la Comisión, y Christiane Schulz, coordinadora regional para América Latina del Departamento de Derechos Humanos de Obra Diacónica de Alemanía, dieron a conocer este viernes el informe que presentarán ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas sobre las violaciones a las garantías fundamentales cometidas en Oaxaca El informe señala que la política represiva irracional impuesta por Ulises Ruiz para "proteger la seguridad de los ciudadanos", según el gobernador, y la ausencia de diálogo, se han traducido en violaciones a los derechos humanos de los oxaqueños El texto, que será presentado el 29 de noviembre en Ginebra, Suiza, indica que la violación del derecho a la justicia se ha traducido en impunidad, lo mismo por no garantizar su legítimo ejercicio que como por no sancionar sus trasgresiones Agrega, así mismo, que la violación del derecho a la seguridad ha provocado una situación de precariedad derivada de atentados, amenazas, uso ilegítimo de la fuerza que deslegitima al poder público encargado de reconocerlo Aunque el informe reprueba la actitud asumida por el gobierno durante el conflicto social del año pasado que costó la vida a 24 personas, también cuestiona a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) porque, dice, ha demostrado inflexibilidad al exigir como condición la renuncia o destitución de Ulises Ruiz, cuando éste ha demostrado ser popular en vastos sectores como lo demostró en las elecciones pasadas", así haya sido con una abstención de 66% El documento de la Comisión Internacional de Juristas descarta, por el momento, una reactivación de la oposición armada en México Sin embargo, advierte que hay índices preocupantes, como atentados incendiarios en Oaxaca, atribuidos a la "irritación" del Ejército Popular Revolucionario (EPR) por la desaparición de dos de sus líderes: Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez Un hecho al que la misión le atribuye extrema gravedad es la utilización de las fuerzas armadas en la represión de las manifestaciones Señala que "absolutamente nada positivo puede resultar de las intimidaciones con vuelos de aviones o helicópteros, sean del Ejército, de la Fuerza Aérea o de la Marina; o de las comparecencias de los detenidos a cuarteles o guarniciones ante fiscales que operen en recintos castrenses, (ya que) la experiencia latinoamericana cuando se ha recurrido a los cuerpos armados para frenar movilizaciones sociales ha sido devastadora" Por lo tanto, recomienda al gobierno de Oaxaca "asumir una política de diálogo y comprensión para con la sociedad civil oaxaqueña, tratando de entender la magnitud del drama que la aqueja (y) para ello es indispensable desterrar toda suposición falsa que los demandantes de mejores condiciones de vida son terroristas, violentistas o guerrilleros" Además, propone descartar, pública y solemnemente, volver a utilizar las fuerzas armadas en el control del orden público, por los terribles efectos que con total certeza se producirán; dar estricto cumplimiento a las recomendaciones y observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, sin descalificar a esos organismos, como lo han hecho altas autoridades estatales Establece también programas de reparación efectiva e integral para todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, conforme a lo dispuesto en la resolución 60/147 de la asamblea general de la ONU Por último, la organización internacional recomienda al gobierno mexicano ejercer su responsabilidad jurídica y política por los hechos que ocurren en los estados federados