* El pasado 22 de noviembre fueron declarados responsables de la ejecución de seis indígenas choles de la zona norte de Chiapas Tuxtla Gutiérrez, Chis , 14 de diciembre (apro)- El Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) advirtió hoy que los cuatro líderes del grupo paramilitar Paz y Justicia, que operó en la zona norte para contrarrestar la presencia zapatista entre 1995 y 1998, podrían quedar en libertad, luego de apelar las sentencias de 31 años de cárcel que se les dictó recientemente Dijo que "las cartas de respeto y reconocimiento" al gobierno de Juan Sabines Guerrero que los líderes han firmado en medios locales, podría ser una señal de que la justicia local fallaría a su favor Samuel Sánchez, Marcos Albino Torres, Sabelino Torres y Diego Vázquez, son los cuatro principales líderes de Paz y Justicia, que el pasado 22 de noviembre fueron declarados responsables de la ejecución de seis indígenas choles de la zona norte del estado: Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Romeo Pérez Pérez, Mateo Vázquez Sánchez, Mateo Hernández López y Mateo Arcos Guzmán El juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, dentro de la causa penal 110/2005, los condenó a 31 años y tres meses de prisión y al pago de la reparación del daño por 32,156 pesos por cada uno de los muertos, y 2,643 pesos por concepto de gastos funerarios Sin embargo, el Tribunal Superior del Estado emitirá en breve una resolución dentro del recurso de apelación interpuesto por los principales líderes de Paz y Justicia "A este centro de derechos humanos le preocupa que la resolución pudiera echar por tierra la poca justicia que se ha hecho por los desplazamientos forzosos, las desapariciones forzadas y las múltiples ejecuciones que cometieron los integrantes de este grupo paramilitar entre 1995 y 2000", dijo el Frayba Afirmó: "Por las múltiples violaciones a derechos humanos en la zona norte de Chiapas, el Estado mexicano enfrenta, a nivel internacional, una denuncia interpuesta por este Centro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se le acusa de haber violado el derecho a la vida, a la integridad y otros derechos fundamentales, y se señala que Paz y Justicia fue creado bajo la implementación de una política gubernamental contrainsurgente que tuvo su cúspide en ese lustro" Explicó que, a más de diez años de distancia, sus familiares siguen pidiendo justicia y el Estado mexicano "continúa sin dirigir su línea de investigación a funcionarios estatales y federales que encubrieron y propiciaron que los grupos paramilitares actuaran violando impunemente derechos fundamentales" Añadió: "Los integrantes de este grupo paramilitar son responsables de mantener bajo terror por años los municipios de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón Robaban ganado, imponían retenes y cuotas obstaculizando el libre tránsito; quemaban casas y, de manera sistemática, cometieron ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, constituyendo estos actos delitos de lesa humanidad" El Frayba hizo un llamado al Tribunal Judicial del estado para que, en el marco de su competencia, emita una resolución acorde con la justicia y confirme la sentencia en contra de estos paramilitares responsables de esas ejecuciones "Seguimos exigiendo al Estado mexicano que llame a juicio a los exgobernadores de Chiapas Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, y al general Mario Renán Castillo, excomandante de la VII Región Militar, porque durante el ejercicio de sus mandatos, se desarrolló e implementó en Chiapas una política contrainsurgente", añade