Tuxtla Gutiérrez, Chis , 6 de diciembre (apro)- El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (OFS) detectó irregularidades por más de 175 millones de pesos en la cuenta pública de la desaparecida Fiscalía General del estado en 2006, e identificó a su extitular Mariano Herrán Salvatti como presunto responsable del mal manejo de los recursos A través de un comunicado, el OFS dio a conocer el resultado de las auditorías practicadas a algunas de las dependencias estatales durante el 2006, el último año del sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía De acuerdo con el OSF, en la Fiscalía General del estado ?hoy Ministerio de Justicia--, se detectaron "faltantes de documentación comprobatoria y justificadora de gastos, erogaciones improcedentes, incumplimiento a la norma en materia de adquisiciones", entre otras irregularidades El OFS informó que la primera irregularidad que detectó en la desaparecida Fiscalía asciende a 38 millones 125 mil 900 pesos; la segunda, a 98 millones 312 559 pesos, lo que suma una cantidad de 136 mil 438 pesos "Son recursos que no se comprueban en su totalidad haciendo uso del mecanismo excepcional establecido por la entonces Secretaría de Hacienda", dijo el OFS El Órgano de Fiscalización encontró "como presuntos responsables a Mariano Francisco Herrán Salvatti, exfiscal general; Gilberto Guevara Moreno, exsecretario suplente del Fideicomiso; Jorge Granillo Vázquez y Gabriel Salcedo Torres, quienes fungieron en su momento como coordinadores generales de Administración y Finanzas; Jorge Arreola Nava, director general de Bienes Asegurados; Felipe de Jesús Rojo Ruiz, director general de Informática y Desarrollo Tecnológico, entre otros" El OFS auditó también el Fideicomiso Público "Fondo Contra la Delincuencia Organizada" (Focodo), dependiente de la Fiscalía, donde se detectaron erogaciones de recursos que son improcedentes, gastos de investigaciones especiales no contemplados dentro del convenio modificatorio del fideicomiso, por un monto de 39 millones 408 mil 704 pesos "Es importante señalar que las irregularidades encontradas no adquieren firmeza en tanto no se sometan al proceso de solventación previsto en la ley de fiscalización, por tanto aquellas que no sean justificadas o desvirtuadas darán lugar a que este Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado proceda a instrumentar los procedimientos legales correspondientes para lograr el resarcimiento de los daños causados a la Hacienda pública y en su caso a formular ante el ministerio de justicia las denuncias penales a que haya lugar", concluyó