Monterrey, N L, 6 de marzo (apro)- Desde este año se pondrá en marcha un sistema de entrega de recompensas para quienes aporten información que ayuden en la captura de presuntos delincuentes, de acuerdo con las reformas que aprobó --para su dictamen-- el Congreso Local, con el apoyo de todas las fracciones También se creará la figura del testigo protegido --identificable únicamente mediante una muestra de ADN--, la del informante --que recibirá beneficios por su colaboración--, así como la creación del "delito contra la seguridad de la comunidad" José Manuel Guajardo Canales, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, informó este martes que el sistema de gratificaciones estará normado por una reglamentación que en los próximos días dará a conocer la Procuraduría local Así, el artículo 182 bis 6 señala: "La autoridad podrá ofrecer recompensa en determinada cantidad de dinero a cualquier persona que aporte datos o elementos probatorios que sean efectivos para la resolución de un delito de los tipificados en el Código Penal como graves Ningún servidor público podrá participar de dicha recompensa" Agrega: "Cuando se libere la orden de aprehensión por delitos graves (?) la autoridad podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para la localización y aprehensión del inculpado El reglamento respectivo establecerá los términos, montos y condiciones de la recompensa que trate Para tal efecto, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado proveerá los fondos necesarios" El 182 bis 7 habla de los informantes: "La persona que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de los delitos (?) cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la indagatoria iniciada por su colaboración, no serán tomados en cuenta en su contra Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona" De igual manera, las reformas prevén la creación del "delito contra la seguridad de la comunidad" que, de acuerdo con el artículo 165 bis, considera sanciones de entre seis y quince años de prisión y multas de doscientas a cuatrocientas cuotas a quien, sin causa justificada, incurra en dos o más de los siguientes supuestos: "Transporte en un vehículo armas de fuego o explosivos sin permiso; porte aparatos de comunicación comprados o contratados con documentación falsa; transporte equipo de intervención de radiocomunicaciones privadas "También a quien se desplace en vehículos robados, portando documentación personal falsa; adquiera en calidad de arrendatario inmuebles con nombres falsos; circule en coches con placas o documentos falsos; tenga en su posesión uniformes, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones de policías o militares que simulen la apariencia (sic) de utilizarlos "Queda prohibido también usar vehículos o partes de éstos con accesorios u objetos que se utilicen por las instituciones policiales, de tránsito o militares" También fue aprobada la ampliación del arraigo, para que las personas que se encuentren sometidas a proceso puedan ser aseguradas en esta calidad hasta 30 días efectivos, con la posibilidad de prorrogar otros 30 más hasta alcanzar un total de 90 Esta iniciativa, que será turnada al pleno del Congreso mañana, fue propuesta por el gobernador priista Natividad González Parás el 16 de diciembre anterior Sin embargo, los diputados panistas hicieron varias modificaciones a la propuesta que también consideraba como delito contra la seguridad de la comunidad, el utilizar un vehículo blindado, estar en posesión de un pasamontañas, de un chaleco antibalas y esposas, puntos que al final fueron desechados