Tuxtla Gutiérrez, Chis , 6 de marzo (apro)- Autoridades ejidales de El Limar, municipio de Tila, demandaron hoy --ante el Tribunal Unitario Agrario-- que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les restituya ocho hectáreas de tierras en que los militares tienen un cuartel militar desde hace once años En el marco de la audiencia de este martes, a la que dejaron de acudir representantes de la Sedena, las autoridades choles de esa comunidad dieron a conocer que al existir condiciones de violencia e inseguridad en la zona, han comenzado a gestionar la devolución de sus tierras Sostienen que en esos once los militares sólo trajeron consigo riesgos y peligros lo que ha llevado a la inestabilidad social Recordaron que bajo presiones de los líderes del grupo paramilitar Paz y Justicia --encabezados por el profesor indígena Diego Vázquez Pérez, ahora preso--, las autoridades ejidales "donaron" --en julio de 1996-- a los militares las más de ocho hectáreas para que ahí instalaran éstas una Base de Operaciones Mixtas (BOM) En el expediente 1144/2006, abierto desde septiembre de ese año, los indígenas choles encabezados por Vicente Hernández López y Visael Martínez Pérez, comisariado ejidal y presidente del consejo de vigilancia, respectivamente, demandan a la Sedena les devuelva las ocho hectáreas de tierras Durante estos once años, los militares han provocado temor en la región, pues son constantes las explosiones de granadas de fragmentación en el interior del cuartel; se escuchan disparos de armas de fuegos por las noches; alteran el orden público al ingerir bebidas embriagantes; propician se trastoquen los usos y costumbres de los jóvenes de la comunidad, que ahora han empezado a imitar a los militares en sus malos actos públicos También acosan a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, a quienes les han ofrecido dinero a cambio de sexo, pero lo más grave, denunciaron, es que suman ya 38 las mujeres con hijos de militares y policías destacamentados en la BOM, así como la proliferación de enfermedades venéreas entre los habitantes de la comunidad En un documento de octubre pasado, que envió como respuesta la Sedena a través de sus representante legal, el general brigadier de Justicia Militar de la VII Región Militar, Ramón Tovar Caballero, la dependencia amenazó con demandar penalmente a los ejidatarios, pues con sus acusaciones manchaban "el honor militar" La Secretaría de la Defensa también dio a conocer que los trámites ante la Secretaría de la Reforma Agraria para la expropiación de las tierras datan de febrero del 2001 (expediente 12566/SEDENA), pero como las autoridades ejidales no les quieren extender algunos documentos, la posesión no se ha concretado, pese a que les han ofrecido 160 mil pesos a los campesinos como pago por dichas tierras, pero no los han querido aceptar En el predio actualmente se ubican más de cien elementos del Ejército Mexicano dependientes de la 39 Zona Militar con sede en Ocosingo, los que son relevados cada seis meses por otros batallones Los choles denunciaron que este cuartel militar es la base de operaciones para patrullajes que de día y de noche hacen entre las comunidades de la zona baja del municipio de Tila Territorio ocupado? Un reciente informe del Centro de Análisis Político y de Investigaciones Socio-Económicas (CAPISE) detalla las afectaciones que padecen los pueblos indígenas en su derecho al territorio con motivo de la ocupación militar Refiere que, sin contabilizar la totalidad de los campamentos militares instalados en la 36 Zona Militar (con sede en Tapachula), la existen 114 posiciones castrenses permanentes en la entidad, 91 de ellas enclavadas en el territorio indígena de Chiapas Y respecto de "la cantidad de predios adquiridos para uso exclusivo de la Sedena, el dato arroja 41 predios e inmuebles adquiridos La disparidad cuantitativa y cualitativa con cualquier otro estado de la República es desmesurada; los más cercanos son Veracruz y Chihuahua, con 17 predios adquiridos y expropiados, esto es, menos de la mitad", acota el documento Detalla que el número total de hectáreas adquiridas --sólo en el estado de Chiapas-- para uso de la institución castrense alcanza más de 4 mil 976 hectáreas, ello sin contabilizar el predio de Toniná Y el número de predios ocupados y no expropiados por la Sedena asciende a 57 en la entidad, refiere el CAPISE Apunta que, para el gobierno mexicano, "negar la ocupación militar y la situación de despojo a que han sido sometidos los pueblos indígenas resulta, en el mejor de los casos inútil, en el peor, cínico" Indica que la masiva presencia y ocupación del Ejército Mexicano en el territorio tradicional indígena de Chiapas se ha realizado, en la mayoría de los casos, sin la previa consulta y aprobación de las comunidades afectadas Todo ello constituye una violación de los compromisos de México frente al derecho internacional, en particular el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Convenio 169 de la OIT y a los artículos 1º, 2º y 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros