Se documenta ante la CIDH violaciones a derechos de detenidos en protestas contra Bush

sábado, 14 de abril de 2007
México, D F, 13 de abril (apro)- El Grupo Indignación documentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al menos 13 violaciones a las garantías fundamentales de las 48 personas que fueron detenidas "de manera arbitraria y violenta" hace un mes en Mérida, durante la visita del presidente de Estados Unidos, George W Bush al país En un informe que también fue remitido a otras instancias internacionales como Amnistía Internacional los relatores para las detenciones arbitrarias y casos de tortura de la ONU, Indignación señala que durante los operativos del 13 de marzo en Mérida hubo Detenciones arbitrarias con características de redada que invalida la flagrancia, discriminación, tortura, retención ilegal, incomunicación, violaciones al debido proceso, al derecho a contar con jueces imparciales y al derecho a la presunción de inocencia La Red de Derechos Humanos todos los Derechos para Todas y Todos presentó hoy el informe elaborado por Indignación a Florentín Meléndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la reunión para ONG en la ciudad de México, que se lleva a cabo en estos días El informe recuerda que el martes 13 de marzo, en el marco de una manifestación de repudio por la presencia de George Bush en Mérida, se registraron destrozos en el Palacio Municipal de esta ciudad, causados por un pequeño grupo de personas, así como agresiones a policías que custodiaban ese edificio Subraya que ante la comisión de un delito, la autoridad tiene facultad para intervenir y obligación de hacerlo Sin embargo, en su intervención el martes 13 de marzo, las autoridades y policías incurrieron en actos ilegales y cometieron violaciones a los derechos humanos El informe advierte así mismo sobre el riesgo de que los abusos, como ha ocurrido en los recientes casos de Oxcum y Caucel, queden en la impunidad, puesto que ni el gobernador ni el alcalde han rendido un informe público sobre la actuación de los elementos en el operativo del 13 de marzo pasado Tampoco han informado si se ha iniciado una investigación para evaluar su responsabilidad en las violaciones denunciadas Sostiene que ni la Codhey, ni los jueces de la causa han denunciado los hechos posiblemente constitutivos de tortura, obligación derivada de la Ley estatal para prevenir y sancionar dicha violación Entre sus conclusiones, el equipo Indignación señala que recientes conflictos sociales en Yucatán, incluyendo los eventos del martes 13, han demostrado que el gobierno estatal prioriza el uso de la fuerza pública y la criminalización de la diferencia y de la protesta, lesionando derechos fundamentales "En Yucatán Ministerio Público y jueces violan flagrante y sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia y por lo tanto al debido proceso En esta entidad es el detenido quien debe demostrar que no cometió delito alguno y no la autoridad acreditar la probable comisión de un hecho delictivo", señala el informe Agrega que el Poder Judicial del estado ha demostrado nuevamente su falta de independencia e imparcialidad que, lejos de constituirse en un dique contra el autoritarismo, se ha convertido en cómplice de él El equipo Indignación hace notar que algunos medios de comunicación demostraron en los últimos hechos una fuerte carga discriminatoria hacia personas por su aspecto o su forma de vestir e incluso prejuzgaron y condenaron a las personas detenidas que todavía están sujetas a proceso penal Violaciones sistemáticas, así como rezagos en la legislación local, como la ausencia de un Consejo de la Judicatura, se han puesto nuevamente en evidencia a partir de las detenciones del martes 13 "Es urgente promover reformas al sistema de justicia penal y seguridad pública a todos los niveles del estado con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos para evitar que hechos como los ocurridos se repitan", concluye el informe

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