Villahermosa, Tab , 16 de abril (apro)- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) solicitará la ampliación del arraigo en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Juan Cano Torres y los 3 exjefes policíacos que son investigados por el atentado que sufrió el general Francisco Fernández Solís el pasado 6 de marzo El próximo miércoles 18 se cumple el plazo de 30 días que marca la ley para tenerlos arraigados en la Subsecretaría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Ciudad de México, por lo que la PGJ confirmó que pedirá al juez primero de lo Penal de Tabasco la ampliación del término, con el fin de seguir aportando pruebas para continuar con las indagatorias en contra de los exjefes policiacos Cano Torres y los otros tres exjefes son investigados por delincuencia organizada y su presunta complicidad en el asesinato de Jesús de la Luz Pérez Mayo, chofer del general Fernández Solís y del atentado en contra del titular de la SSP Adicionalmente, a los detenidos, miembros de la supuesta "hermandad" policíaca se les relaciona con otros hechos, como el de posesión de armas, tráfico de indocumentados y tortura a militantes del Partido de la Revolución Democrática durante el proceso electoral del pasado mes de octubre En relación con las torturas a perredistas, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al gobierno de Tabasco investigar, trascendió que 17 policías ya han rendido declaración y aceptado que fueron instruidos por Cano Torres para amedrentar a los enviados del PRD para favorecer al PRI en las elecciones Por su lado, en entrevista para un noticiero de televisión local, el general y secretario de Seguridad Pública, Francisco Fernández Solís, admitió que su antecesor en el cargo, Juan Cano Torres, y los tres exjefes policíacos arraigados podrían estar detrás del atentado contra su vida "Tan es así que cuatro de los integrantes principales de los cuadros de niveles elevados de la propia Secretaría (de Seguridad Pública) están arraigados", manifestó Reveló que cuando asumió la titularidad de Seguridad Pública se dio cuenta que había "muchas cosas que arreglar", pues Cano Torres y el grupo de la "hermandad" adquirieron un poder "un tanto exagerado", al grado de amenazar al entonces gobernador Manuel Andrade Díaz "con provocar huelgas y motines" "Había un desorden general, olvido total del principio de disciplina, llegamos, inclusive, a barrer la secretaría porque estaba muy sucia, descuidados los edificios, las armas con total falta de mantenimiento y la venta de servicios a algunas empresas que no se reportaban a la Hacienda del estado", señaló