Tuxtla Gutiérrez, Chis , 25 de abril (apro)- La "estrategia gubernamental" por el control de la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el resto del territorio indígena, se hace por medio del despojo de las tierras de las comunidades, para entregarlas a grupos de choque o de corte paramilitar Así lo afirma el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé (CDHFBC) en su balance anual sobre la situación actual de los derechos humanos en Chiapas El informe está dividido en seis capítulos, que se darán a conocer uno por día El primero de ellos, difundido hoy, se refiere al "Derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio" El documento señala que, durante 2006 --fin de un periodo sexenal de gobierno federal y estatal--, "los actos que violan el derecho al territorio y a la tierra de los pueblos indígenas, son la ocupación militar y la creación de leyes que permiten la explotación de recursos naturales" También, "la creación de reservas ecológicas sin consultar a las comunidades involucradas; la implementación de programas gubernamentales, en particular el de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), y el de Certificación de Derechos Comunales (PROCECOM) Durante 2006, ese centro registró siete casos en cuatro municipios, "donde se reveló la mala fe y el engaño para aplicar el PROCEDE y PROCECOM y donde la labor de los visitadores agrarios fue la figura más denunciada en estos hechos Se trata de Tila, Chenalhó, Marqués de Comillas y Salto de Agua" Según el CDHFBC, a través de dichos programas, se pretende ganar la confianza de autoridades ejidales y comunitarias, a través de dádivas o dinero; indicar que el PROCEDE les dará mayor seguridad en la tenencia de la tierra, y que los certificados de derechos parcelarios no son documentos válidos Añade que esto provoca la confrontación entre ejidatarios de diferentes filiaciones políticas; la presión de autoridades comunitarias hacia los ejidatarios para integrarse a los programas, y la recolección de firmas para condicionar la entrega de otros programas de apoyo estatales, como Oportunidades y Procampo Por otra parte, señala que la administración y conservación de los recursos naturales, como elemento fundamental del territorio indígena, fue confrontada con reformas y la creación de nuevas leyes que amenazan el derecho al territorio y a la tierra de los pueblos indígenas Explica que esas leyes son la de "Aguas Nacionales, General de Desarrollo Forestal Sustentable, Minera, y decretos unilaterales para la Creación de Áreas Naturales Protegidas, todo ello de acuerdo con el marco económico mundial, que fragmenta los derechos colectivos de los pueblos indígenas en México" Uno de los casos que el Frayba ha seguido es la problemática de comunidades que se encuentran en el territorio de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) En esa región se han documentado acciones que revelan una serie de irregularidades en la gestión de las instituciones y funcionarios que desconocieron acuerdos anteriores, generando así encono entre organizaciones y comunidades En la mesa de análisis "El Limonar" se dio a conocer un nuevo problema en torno a Montes Azules y la Comunidad Lacandona Se instaló en 2005 en la comunidad del mismo nombre, municipio de Ocosingo Contó con la participación de 28 comunidades de indígenas choles, tzotsiles, zoques y tzeltales, algunas de las cuales tenían posesión de sus tierras durante más de 20 años y venían solicitando su regularización Además, estaban representantes de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona, y en el papel de "gestores", los representantes de la Delegación Especial de la Secretaría de la Reforma Agraria en Chiapas, del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria y del gobierno estatal En 2006, la mayoría de esas comunidades obtuvo acuerdos de regularización de sus tierras, quedando fuera Ojo de Agua El Progreso, San Jacinto Lacanjá, Flor de Cacao y Viejo Velasco Suárez Según denuncias, fueron presionadas para la reubicación y la aceptación de dinero El rechazo de estas comunidades para reubicarse, generó, en los meses siguientes, amenazas de desalojo y hostigamiento contra los pobladores, por parte de Gabriel Montolla Oseguera y comuneros de Frontera Corozal y Nueva Palestina, pertenecientes a los Bienes Comunales de la Selva Lacandona El 13 de noviembre de 2006, a raíz de las amenazas, ocurrió el ataque armado contra pobladores de Viejo Velasco Suárez, donde se ubica a comuneros de Nueva Palestina, en una acción de tipo paramilitar Una confrontación más se dio el pasado 12 de marzo, cuando el gobernador Juan Sabines dio a conocer que el Congreso local, a petición del gobierno del estado, decretó seis nuevas Areas Naturales Protegidas, entre ellas el Cerro del Huitepec, en San Cristóbal de Las Casas, habitado por bases de apoyo zapatistas, violando así el derecho a la consulta, al territorio y a la libre determinación de los pueblos indígenas Esta decisión ignoró el decreto que, seis meses antes, el 27 de septiembre de 2006, hizo público la Junta de Buen Gobierno "Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo", al anunciar la creación de la "Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista", bajo resguardo y protección de bases de apoyo del EZLN Para el Frayba, las formas de resistencia social que protejan la integridad de los territorios indígenas, son "validos y necesarios", ya que en el tema de los derechos de pueblos indígenas, "la normatividad existente no es suficiente para garantizar los derechos que reivindican" Añade que, "dentro de la estrategia militar, el control del territorio es uno de los objetivos", por lo que "se han generado diversos problemas en torno a la posesión de tierras en varias comunidades de la zona denominada de conflicto"