Jalapa, Ver , 21 de mayo (apro)- A un día que venza el plazo legal para inconformarse contra la resolución emitida por la Procuraduría local sobre el caso Ernestina Ascencio, los hijos de la anciana siguen sin aparecer en la comunidad de Soledad Atzompa Así, de no presentarse algún recurso legal en el curso de este martes, el caso quedará legalmente cerrado, a pesar de las "lagunas" que aún persisten, como recientemente sostuvo Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas El funcionario de ONU afirmó, en efecto, que "hay muchas cosas que no se han aclarado debidamente" Y es que a nadie convence el fallo de la Procuraduría estatal, en el sentido de que Ernestina Ascencio murió por "causas naturales" y no por una violación múltiple, como inicialmente sostuvo la misma dependencia Por esa razón, organizaciones civiles de mujeres exigieron al gobernador priista Fidel Herrera Beltrán deje de ejercer presión sobre la familia de Ernestina para que puedan actuar con libertad El Comité Ciudadano "Rosario Ibarra", Mujeres Universitarias de Jalapa, Ciudadanas Veracruzanas Independientes y representantes del "gobierno legítimo" que encabeza Andrés Manuel López Obrador, exigieron a las autoridades veracruzanas no declarar cerrado el caso: "La sociedad organizada repudia categóricamente ese veredicto", apuntaron Sostuvieron que el presidente Felipe Calderón, así como la CNDH, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobernador, "intervinieron de manera indebida para desviar la acción penal contra los presuntos militares violadores y asesinos" Con el fallo de la PGJE, acusaron, "se favoreció la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley del estado de derecho", en este sentido, cuestionan la actitud de Herrera Beltrán, "por estar ejerciendo una estrategia cómplice de aislamiento en contra de los familiares de Ernestina Ascencio" A través de esta estrategia, el gobernador impide un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, establecido en el articulo 21 constitucional, ya que se ha adjudicado "indebidamente el papel de representante de la voluntad de los familiares de Ascencio Rosario" El propio gobernador veracruzano, apuntaron, públicamente ha declarado que los hijos de la indígena violada y asesinada "firmaron de conformidad la decisión del no ejercicio de la acción penal y el cierre del caso", y no conforme con ello, "cínicamente ha dicho también que éstos se habían ganado un viaje a la Ciudad de México" Es del conocimiento público, refieren, que desde el 30 de abril --después que la PGJE dio a conocer su dictamen--, "los familiares de Ernestina fueron conducidos fuera de sus domicilios por agentes policiales de Veracruz, y se impidió a la prensa y a las organizaciones defensoras de derechos humanos tener acceso a ellos" Desde entonces a la fecha ha sido imposible establecer comunicación y contacto con los deudos y familiares de Ernestina, a pesar que está por vencerse el término legal para impugnar el acto de autoridad referido a través de un recurso de amparo Las activistas se refieren también al ambiente de extrema violencia que viven las mujeres de la sierra de Zongolica, "situación que ha llegado a tal grado que hace días fue encontrado el cuerpo desnudo y sin vida de Adelaida Amayo Aguilar, con señales de suma violencia y tortura" En el cuerpo de la exintegrante del consejo consultivo de Radio Zongolica y encargada de la gestión de créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, destacan, "se encontró un cinturón de hombre en el cuello, jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas" Ante esos sucesos, las organizaciones reclaman la inmediata aparición de los familiares de Ernestina Ascencio, debido a que este martes se agota el plazo para que éstos puedan interponer un recurso de amparo ante el fallo de la PGJE También reclaman la reapertura del caso de Ernestina, el esclarecimiento de la muerte de Adelaida Amayo, el cumplimiento de las recomendaciones contra la tortura emitidas por Amnistía Internacional y la Organización Internacional contra la Tortura, así como la renuncia del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes y de la ombudsman estatal, Noemí Quirasco Hernández