Abogados del Comité de Liberación 25 de Noviembre acusan al gobierno de Oaxaca de hostigarlos

jueves, 24 de mayo de 2007
Oaxaca, Oax , 23 de mayo (apro)- Como parte de la "violencia institucional" que persiste en Oaxaca, grupos "policíacos y parapolicíacos" del gobernador Ulises Ruiz Ortiz se han dedicado a perseguir, amenazar, fabricar delitos y librar órdenes de aprehensión contra el cuerpo jurídico del Comité de Liberación 25 de Noviembre, creado por el pintor Francisco Toledo Así lo afirmaron los abogados Mayem Arellanes Cano, Alba Gabriela Cruz Ramos, Alma Gómez Soto, Flora Gutiérrez Gutiérrez, Jesús Alfredo López García, Alejandro Loyola y Eduardo Matías Aquino Acompañados por el pintor Francisco Toledo, los abogados afirmaron que la persecución de que son objeto se debe a su participación en la liberación de por lo menos 90 "presos políticos" y, sobre todo, porque han evidenciado ante organismos nacionales e internacionales las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Ulises Ruiz Los nueve abogados ya denunciaron su caso ante la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Rosario Ibarra de Piedra, y solicitaron a Amnistía Internacional que emita una acción urgente al gobierno mexicano para que les concedan medidas cautelares Explicaron que no es la primera vez que se cometen este tipo de ataques contra activistas de derechos humanos, ya que a integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Servicios para una Educación Alternativa y Consorcio para el Dialogo Parlamentario, les han librado órdenes de aprehensión, y se han cometido robos en el domicilio de Aline Castellanos Jurado Luego de señalar que, con sus acciones, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz; el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, y el procurador de justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, violaron las constituciones federal y estatal, así como los tratados internacionales firmados y ratificados por México, insistieron que en Oaxaca se vive un "estado de excepción" Consideraron que "en la presente etapa del país, la violación a los derechos humanos se ha elevado de manera exponencial, lo que nos lleva a pensar que dichas violaciones se efectúan de manera sistemática y premeditada" Añadieron que, en Oaxaca, después del 25 de noviembre, "hemos vivido en un estado de excepción, donde se ha negado y violado toda garantía constitucional a los 575 detenidos y, en general, al pueblo de Oaxaca" Dijeron que el Estado mexicano firmó la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos", que particularmente en sus artículos 2, 5 y 6, hablan de la obligación del Estado de proteger este derecho, y las libertades que deben ser respetadas, específicamente para los defensores de derechos humanos Así mismo, indicaron, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual México forma parte, adoptó, el 10 junio de 2003, la Resolución AG/RES 1920, en la que acordaron, entre otras cosas, reiterar su respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de los derechos humanos, y reconocer su valiosa contribución en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el hemisferio Sin embargo, añadieron, "en Oaxaca no se respetan esos preceptos", por lo que demandaron la intervención de Amnistía Internacional para que exhorte al gobierno mexicano a adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad física de los defensores de derechos humanos Además, que en todos los casos de violaciones contra los defensores de derechos humanos se realicen investigaciones completas e imparciales garantizando la transparencia y la publicidad de sus resultados finales El abogado Jesús Alfredo López García dijo que, después de acudir a organismos de Inglaterra, Finlandia y Estonia para denunciar la brutalidad que se cometió contra un movimiento social y la franca indefensión de los acusados en los tribunales estatales y federales, la procuraduría de justicia de Oaxaca le integró una averiguación previa por el delito de robo de vehículo A su vez, el jurista Alejandro Loyola afirmó que ha recibido amenazas telefónicas, en las que le advierten que está vigilado y saben en qué momento su hermana esta sola Por su parte, Eduardo Matías Aquino, integrante del Comité, denunció el acoso del gobierno del estado a personas que apoyaron al movimiento social y a los que defienden a los presos, a los que les siembran armas para acusarlos e impedir que salgan en libertad Mientras, la abogada Mayem Arellanes, manifestó que "individuos vestidos de civil y con facha de policías", la han perseguido y han montado guardia frente a su domicilio

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