Tuxtla Gutiérrez, Chis , 24 de mayo (apro)- Grupos defensores de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer exigieron hoy a los diputados locales reglamentar la despenalización el aborto, pues aunque ya existen tres causales para practicarlo de forma legal, éste no se ejerce por el vacío jurídico Por ello, activistas del Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante (Cofemo) y de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) informaron que impulsan esta iniciativa con el fin de que los diputados zanjen las "lagunas" detectadas en el Código Penal En conferencia de prensa, Nancy Zárate Ruiz refirió que en Chiapas se permite el aborto por tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando corra peligro la vida de la madre o cuando el feto tenga malformaciones genéticas o congénitas Pero la manera limitada como actualmente se expone la ley, provoca su incumplimiento por parte de ministerios públicos, Secretaría de Salud y demás autoridades Zárate Ruiz dijo que existe un total desconocimiento sobre los trámites legales para llevar a cabo esta práctica, y el burocratismo genera que se pierdan muchos días lo que finalmente lleva a que expire el plazo de menos de tres meses para abortar Esta situación se derivada de la ausencia de una reglamentación que permita el cabal cumplimiento de esta ley, y por tanto, en la práctica las mujeres se ven impedidas de ejercer este derecho, dijo Zárate Ruiz Ello provoca que se eleve el índice de mortalidad y esterilidad de mujeres, daños a su salud física y emocional, comercialización de su derecho a decidir sobre su propia vida y capacidad reproductiva Zárate Ruiz explicó que ese vacío legal provoca, además, altos costos en la atención de abortos mal practicados, disminución de la fuerza productiva de las mujeres, agudización de la pobreza, hijas e hijos no deseados, estigma social, impunidad, violación a derechos reproductivos y desintegración familiar, entre otros En el documento enviado al Congreso local y al gobernador Juan Sabines Guerrero, señalan: "Es necesario que el Estado demuestre voluntad política en programas, presupuesto y políticas públicas que mejoren la situación de la mujer, debiendo dar especial atención al principio de legalidad y a la garantía del respeto de las normas fundamentales de los derechos humanos"