México, D F, 8 de mayo (apro)- Ante la percepción de que en Oaxaca persiste una violación sistemática de las garantías individuales, la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno oaxaqueño, Rosario Villalobos Rueda, reveló hoy que la Procuraduría General de Justicia del estado integró 17 averiguaciones previas contra igual número de servidores públicos, como resultado del conflicto social en esa entidad Señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en total 190 medidas cautelares en favor de activistas, integrantes o líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), además de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) integró seis más y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otras 6 En conferencia de prensa, Villalobos Rueda, se abstuvo de mencionar los nombres de los funcionarios que están en la mira o de aquellos que les favorecen las medidas cautelares Precisó que la administración de Ulises Ruiz enfrenta ante la CNDH una queja por el conflicto pasado de un expediente integrado por más de 17 mil fojas Villalobos Rueda sostuvo que esa dependencia recibió más de tres mil cartas de ciudadanos nacionales y extranjeros para abogar por los derechos humanos de quienes, en su momento, participaron en la lucha social de 2006 La funcionaria, quien dio a conocer el seguimiento de los procedimientos instaurados por las dependencias con motivo del acuerdo 25 ?dictado el pasado 16 de marzo por el gobernador Ulises Ruiz--, señaló que, no obstante a no estar obligado a responder el informe especial, el gobierno estatal investiga las probables violaciones a derechos humanos Dijo que, entre otras acciones iniciadas por las instancias del Poder Ejecutivo a raíz del acuerdo 25, la PGJE giró instrucciones a la Visitadora General y al subprocurador de Asuntos Internos para que iniciara las averiguaciones previas por los hechos que resulten materia de su competencia En el mismo sentido, los secretarios de Protección Ciudadana y la Contraloría instruyeron a su personal acatar lo dispuesto en el acuerdo, y en consecuencia se procedió a iniciar 17 averiguaciones y un cuaderno de queja En tanto, la Dirección de Seguridad Pública ordenó al Consejo de Honor y Justicia iniciar los procedimientos en contra de servidores públicos adscritos a esa dependencia, relacionados con los hechos contenidos en el Informe Especial Detalló Villalobos Rueda que el Informe Especial presentado por la CNDH a la opinión pública y a las autoridades de los gobiernos federal, estatal, del municipio de Oaxaca y de los municipios conurbados, subraya las conclusiones relativas a la actuación de las autoridades de estos tres órdenes de gobierno en los hechos que el organismo autónomo investigó durante el conflicto social Sin embargo, apuntó que, "por tratarse de un Informe Especial, no de una recomendación", el gobierno de Oaxaca no estaba obligado a aceptar o rechazar su contenido Sin embargo, se comprometió a dar puntual seguimiento a las observaciones contenidas en el informe, como muestra de su voluntad de proteger los derechos humanos que pudieron haberse vulnerado durante las actuaciones de los servidores públicos en 2006 En este contexto, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz reiteró que su administración está abierta a cualquier investigación para determinar que no existe violación a los derechos humanos, y sostuvo que está dispuesto a que sean cuestionados funcionarios de su gabinete o quienes en su momento lo fueron