Monterrey, N L, 28 de junio (apro)- El edificio de la administración estatal, denominado Centro de Gobierno Plaza Cívica, no debe ser construido por la empresa brasileña Constructora Andrade Gutiérrez, que ganó la licitación, debido a que tiene antecedentes de corrupción e incumplimiento en Bolivia, Argentina, Ecuador y el Distrito Federal, señaló el diputado local del PAN, Ranulfo Martínez Valdés Luego de presentar, ayer, un punto de acuerdo para cancelar la adjudicación del contrato para la construcción de la torre administrativa, de 36 pisos y 180 metros de altura, el legislador dijo que el costo de construcción no es de mil millones de pesos, como lo ha señalado fraudulentamente el gobierno del estado, sino de 2,697 millones, que serán pagados en el transcurso de los próximos 24 años Afirmó que la obra tiene un obvio mensaje electorero, pues deberá quedar terminada el 29 de junio de 2009; es decir, en vísperas de las elecciones para gobernador de la entidad "Además, la empresa que ganó la licitación no es confiable, y el costo total de la obra es inexplicablemente muy superior a lo proyectado y que se ha publicitado ¿Qué pretenden?: ¿qué no nos demos cuenta?", dijo Martínez Valdez Señaló que, en la última sesión del actual período de sesiones, el próximo sábado, el Congreso local podría votar el punto de acuerdo con mayoría simple para que se evite el inicio de construcción de la obra, prevista para el próximo lunes "Si se vota de inmediato, notificamos la recomendación al coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno estatal (Abel Guerra) para que se suspenda la construcción de esta obra, que no se justifica por donde se le vea Es demasiado dinero para pagarle a una empresa que no es de fiar", añadió La Constructora Andrade Gutiérrez obtuvo el contrato en un concurso, en el que le ganó a las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Constructora Garza Ponce En el punto de acuerdo presentado para impedir que se construya la torre, que albergará 22 dependencias gubernamentales en la colonia Obrera, frente al Parque Fundidora, Martínez Valdez enumera los problemas que la empresa brasileña, con 50 años de antigüedad, enfrentó en diferentes países "En Ecuador, la polémica se desató por presuntas fallas y sobrecostos en tres obras: las construcciones del canal de riego Tabacundo, de la carretera Mendoza-Morona y la del puente Carlos Pérez Perrazo, y la ampliación del puente Rafael Mendoza "En el caso del canal de riego Tabacundo, las autoridades ecuatorianas se quejaron de la mala calidad de la obra, pues en 62 kilómetros del canal, las estructuras se estaban derrumbando, causando daños ambientales", señala el documento presentado en la Oficialía de Partes del Congreso local Añade que, en la carretera Méndez-Morona, el gobierno de Ecuador denunció a Andrade Gutiérrez por recibir dinero ilegalmente "en los últimos días del gobierno de Fabián Alarcón", por lo que la contraloría de ese país inició un proceso de embargo a la firma por reparación de daño En el caso de los puentes ecuatorianos, Andrade Gutiérrez desató una polémica por el alargamiento de los plazos de entrega y el incremento en el costo de las obras, "escudándose en una presunta mala planeación y realización de estudios de parte de funcionarios gubernamentales", señala Dice que fue tan grave el escándalo que ocasionó que el presidente Rafael Correa haya advertido a las constructoras que las expulsaría del país si denunciaban actos de corrupción de funcionario públicos y si pagaban sobornos a cambio de contratos "En Bolivia, diputados de éste país denunciaron ante la legislatura a la empresa Andrade Gutiérrez por la comisión de presuntas irregularidades en la rehabilitación de la carretera de acceso Cochabamba-Chimoré-Guabirá-Yapacani, obra en la que el comité técnico encontró más de 500 fallas por la mala construcción y pésima calidad de materiales", añade "También, el Servicio Nacional de Caminos de Bolivia prácticamente rompió relaciones con la empresa Andrade-Gutiérrez, a la que acusó de abandono injustificado de obra, además de la suspensión de los trabajos sin ningún argumento por más de 20 días, en el caso de la reposición de la plataforma estructural de la carretera Cotapata-Santa Bárbara" En el punto de acuerdo se dice que además "se menciona" que Andrade Gutiérrez participó como juez y parte en la licitación del Hospital Iztapalapa del Distrito Federal, debido a que su representante, Julio Ortega, fue designado por el gobierno capitalino como coordinador del proyecto Por ello, ante las quejas de otras empresas, tuvo que ser separado de su cargo Finalmente, señala que, en Argentina, medios de comunicación acusaron a la empresa en 1999 de destruir bosques y ecosistemas en la construcción de un canal, "además de inflar exageradamente el costo de la obra" Al demandar que se le anule el contrato a Andrade Gutiérrez, el diputado panista considera que la Coordinación de Proyectos Estratégicos omitió investigar a la empresa para conocer los "pésimos" antecedentes que tiene en otros países "El sólo hecho de que no la investigaran pesa en nuestra decisión de pedir que no hagan esa obra", afirmó en entrevista Al calcular el costo de la obra, Martínez dijo que el gobierno del estado ha señalado que, con la construcción del inmueble, se ahorrarán los recursos que se gastan actualmente en rentas de oficinas Sin embargo, señaló, lo cierto es que aún no han explicado cómo ganará el erario, pues el costo es exagerado "Dicen que el costo es de mil millones y será mucho mayor Se supone que hay qué pagar 109 millones de pesos al año, calculando la inflación y, al final, cuando se salde el trabajo, se pagarán unos 300 millones anuales, lo que provocará que el costo se eleve a 2,800 millones, lo que es exagerado", dijo