Castaños, Coah , 11 de julio (apro)- El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, afirmó que es delicado que nadie pida cuentas al Ejército sobre sus abusos y advirtió que, de quedar impune el caso Castaños, como sucedió en Zongolica y Sinaloa, se estará "caminando hacia una dictadura" De visita en la región, para oficiar una misa al cumplirse un año de la incursión militar en la zona de tolerancia de esta población, el prelado dijo que México vive bajo el control y la vigilancia del Ejército, cuyo poder puede contribuir a que el caso quede en la impunidad El 11 de julio de 2006, 13 mujeres fueron violadas de manera tumultuaria por un pelotón del 14 regimiento motorizado del Ejército mexicano Vera López denunció que, durante el proceso, se impuso un cerco a las mujeres violadas por los soldados, con el que se obstruyó el apoyo espiritual, jurídico y emocional que pastores religiosos, organismos de derechos humanos y ciudadanos solidarios, quisieron ofrecer a las víctimas Además, consideró inverosímil que el juez, a un año de los hechos, se encuentre sin dictar sentencia a la luz de todas las pruebas que se han aportado, y llamó a la sociedad a no dejarse llevar por prejuicios sobre la ocupación de las mujeres victimadas: "Nuestras hermanas, sexoservidoras y bailarinas, desde la conciencia de la propia dignidad, han sacado fuerzas para denunciar a los militares, sobreponiéndose al miedo que en ellas han podido provocar las amenazas y los hostigamientos de que han sido objeto "Desde nuestra visión cristiana, pedimos a la sociedad que no nos dejemos llevar por prejuicios que califiquen a las mujeres trabajadoras de salones como `El Pérsico` y `Las Playas` Dichos prejuicios condicionen nuestro ánimo para no exigir un juicio que repare la injusticia que los militares cometieron contra ellas" dijo Añadió que la Iglesia no tiene como función dictar sentencias, pero explicó: "Como cristianos, tenemos la obligación de defenderlas (a las víctimas) en todo lo que vale su dignidad, como hizo Jesús para defender a aquella mujer (Magdalena) Pedimos justicia para ellas y protección para sus vidas y su integridad física Lo mismo pedimos para sus familiares No aplicar la debida justicia es exponerlas a la venganza de quienes fueron denunciados por ellas" Por su parte, el gobernador Humberto Moreira declinó hablar sobre el caso, y a pregunta expresa, sólo dijo que se trataba de una situación "muy grave" El juez del caso, Hiradier Huerta, está en el límite del plazo constitucional para dictar sentencia, pues el proceso inició el 17 de agosto de 2006 En entrevista con Apro, el juez justificó la tardanza por la lentitud en algunos peritajes y la dificultad para la presentación de testigos, pero afirmó que la próxima semana fijaría fecha para oír su resolución sobre los tres expedientes acumulados