En proceso, tres juicios de amparo y una denuncia relacionadas al conflicto limítrofe Colima-Jalisco

sábado, 7 de julio de 2007
Colima, Col , 6 de julio (apro)- En el marco de la disputa territorial que escenifican Colima y Jalisco, además de la querella que se dirime en el Senado de la República, se encuentran en proceso al menos tres juicios de amparo y una denuncia penal relacionados con la construcción de obras en comunidades ubicadas en la zona del conflicto limítrofe La primera demanda fue presentada hace más de un año por la directiva del ejido Plan de Méndez contra el ayuntamiento de Minatitlán y otras autoridades colimenses, quienes iniciaron la construcción de una casa de salud en la comunidad de El Platanar En esa población, de 38 familias, donde existe duplicidad de autoridades, de escuelas, de maestros y de auxiliares de salud ?por parte de cada una de las entidades en conflicto--, funciona ya una casa de salud construida anteriormente por el ayuntamiento de Cuautitlán, Jalisco Camila Valenzuela Díaz, comisaria municipal de El Platanar reconocida por las autoridades de Colima, informó que la casa de salud promovida por ésta entidad, se encuentra en obra negra y, aunque ya cuenta con techo y baño, le faltan puertas, ventanas y otros detalles Sin embargo, la obra está detenida desde 2006, luego de que un juez federal de Guadalajara concedió una suspensión a los directivos del ejido Plan de Méndez, que reclamaron que la construcción se realizó en terreno de la parcela escolar sin pedir autorización a los ejidatarios Antonio Serratos Puga, actual agente municipal de El Platanar por parte de Cuautitlán, Jalisco, era el presidente del Comisariado Ejidal en el momento que se inició el juicio de amparo "El problema ?dijo en entrevista-- es que esa casa de salud la hicieron (las autoridades de Colima) sin el permiso del ejido, y cuando fui comisariado metí un amparo en Guadalajara porque el terreno es del ejido" Refirió que, cuando llegó la suspensión de parte del juez federal, tuvo que ser detenida la obra, aunque hasta el momento no ha sido emitida la sentencia definitiva "Les dije que si pidieran las cosas con respeto al dueño del terreno, que es el ejido, pues adelante, pero nunca se ha visto eso", comentó Serratos Puga, quien se manifiesta convencido de que El Platanar pertenece a Jalisco, expresó que en esa comunidad no quieren la casa de salud que pretende abrir el gobierno de Colima porque ya cuentan con la que construyeron las autoridades jaliscienses Otra versión es la que ofreció la comisaria por Minatitlán, Colima, Camila Valenzuela, quien también es auxiliar de salud Señaló que una parte de la población acude a consulta con el personal de salud enviado por el estado de Colima De acuerdo con Valenzuela, se encuentran en espera de que se resuelva el conflicto jurídico para saber si podrá ser abierta la casa de salud inconclusa En tanto, Antonio Serratos consideró un exceso la existencia de dos casas de salud, por lo que dijo que, si el ejido gana el juicio de amparo, buscaría que el inmueble se utilice para otras funciones en beneficio de la comunidad Otros juicios de amparo fueron iniciados recientemente en zona de límites de Manzanillo y Cihuatlán, donde la constructora Playa Grande pidió la protección de la justicia federal para continuar la construcción de un fraccionamiento con el permiso expedido por el ayuntamiento cihuatleco, pues las autoridades de Manzanillo le habían frenado los trabajos, con el argumento de que se está edificando en territorio colimense sin el permiso correspondiente De la misma manera, siete trabajadores de Playa Grande interpusieron un juicio de amparo contra su "detención ilegal" durante la clausura de las obras de ese fraccionamiento Finalmente, el ayuntamiento de Minatitlán, Colima, presentó hace semanas una denuncia penal contra trabajadores de una constructora que, por órdenes del ayuntamiento de Cuautitlán, Jalisco, destruyeron el puente colgante que comunicaba a Plan de Méndez y Paticajo, con la finalidad de construir en su lugar un acceso vehicular de concreto Los cargos presentados fueron por daños a la infraestructura municipal, por alrededor de 600 mil pesos, suma que las autoridades colimenses exigen a sus similares de Jalisco, tras considerar que, para realizar tal acción, invadieron territorio de Colima

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