Oaxaca, Oax , 6 de julio (apro)- La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos anunció hoy que la justicia federal amparó a 56 integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes fueron detenidos y procesados desde el 25 de noviembre pasado Apoyado en esa resolución, el vocero de ese organismo, Isaac Torres Carmona, adelantó que ahora van a iniciar el procedimiento de reparación del daño y responsabilidad civil en contra de funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz y Vicente Fox Consideró que el otorgamiento del amparo es una prueba plena e irrefutable de la violación flagrante de las garantías individuales en que incurrieron las autoridades federales y estatales en Oaxaca y anunció que todos los testimonios serán entregados a la comisión investigadora de la Suprema Corte y a organismos internacionales Según el vocero de la Liga, los primeros servidores públicos que deben ser castigados son: el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, la exprocuradora y actual candidata del PRI a una diputación local, Lizbeth Caña Cadeza; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Anuar Mafud, y todos aquellos mandos policiacos que reprimieron y torturaron a los activistas de la APPO Dijo que también se deben fincar responsabilidades al expresidente Vicente Fox Quesada; al exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal; al extitular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, y al exdirector de la Secretaría de Seguiridad Pública federal y actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora Torres Carmona admitió, sin embargo, que todo dependerá del alcance de las facultades de la comisión investigadora de la Corte "Si éstas son limitadas, no vamos a llegar muy lejos, pero si le dan facultades amplias, podemos llegar hasta el fondo en contra de cualquier funcionario de alto nivel, estatal o federal", dijo Durante la conferencia de prensa, en la que estuvieron los 56 activistas de la APPO --entre ellos 14 mujeres-- y sus familiares, la presidenta de la Limeddh, Yésica Sánchez Maya, conminó a los funcionarios oaxaqueños a acatar esta resolución de la justicia federal, tal y como se comprometieron el 6 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) A su vez, el representante del Comité de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo), Ernesto Méndez, señaló que esta resolución evidencia la represión sufrida por el pueblo oaxaqueño