SALTILLO, Coah , 4 de enero (apro)- El gobierno del estado interpuso una controversia constitucional contra la Comisión Federal de Competencia (CFC) por violar presumiblemente su soberanía al investigar posibles prácticas monopólicas de los notarios públicos Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió la controversia constitucional y ordenó a la CFC que detenga la investigación, mientras se resuelve el recurso El de Coahuila, es el único gobierno que se ha inconformado contra la CFC por esta investigación El pasado 5 de julio, la Asociación Nacional de Notarios (ANN) publicó un desplegado en diarios de circulación nacional, en el que anunció que se homologarían las tarifas de los servicios notariales en todo el país De ahí, la CFC inició una investigación para determinar si esa decisión afectaba la competencia El subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, Armando Luna Canales, sostuvo, en entrevista con Apro, que la indagatoria de la CFC carece de sustento pues, "para empezar, los notarios son servidores públicos, no agentes económicos" Señaló que, a mediados de noviembre pasado, el Colegio de Notarios de Coahuila recibió un cuestionario de la CFC, en el que se pedía información sobre las tarifas y la forma en que se tomó la decisión Armando Prado, presidente del Colegio de Notarios, informó entonces al gobierno estatal que realizó un análisis sobre el caso De acuerdo con Luna Canales, existe una jurisprudencia que data de 1993, donde se establece que los notarios públicos no son agentes económicos, por lo que no pueden ser objeto de una investigación de la CFC ni de la Secretaría de Economía Además, el gobierno estatal consideró que los notarios son funcionarios públicos y que el único facultado para supervisar las notarías es el gobernador En efecto, la ley faculta a los gobernadores no sólo a supervisar, sino para conceder los "fíats" notariales, que históricamente han otorgado de manera discrecional En el caso de Coahuila, la última designación de notarios motivó un escándalo al concluir el gobierno del priísta Enrique Martínez y Martínez, ya que entre los beneficiados se encontraba su chofer, Rafael Marines Daniel, y alcaldes salientes, como el panista Guillermo Anaya Llamas, con quien mantiene una estrecha relación, así como familiares de funcionarios o sus amigos personales, la mayoría sin experiencia jurídica ni notarial