MEXICO, D F, 22 de octubre (apro)- Organismos civiles de derechos humanos del estado de Guerrero denunciaron ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) la política represiva del gobernador de Guerrero, el perredista Zeferino Torreblanca Galindo Según los quejosos, en su administración se han iniciado dos centenares de acciones penales contra luchadores sociales y activistas de derechos humanos Durante la 133 audiencia pública de la CIDH, realizada en Washington, los representantes de agrupaciones guerrerenses informaron que, desde 2005, el gobierno de esa entidad emprendió 201 acciones penales contra disidentes magisteriales, estudiantes, campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos Ante comisionados de la CIDH, presididos por María Patricia Mejía, Hegel Mariano Ramírez, de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, explicó que, en el último año, la Procuraduría General de Justicia del estado integró 73 procesos judiciales contra movimientos sociales; se ejecutaron al menos 30 órdenes de aprehensión; se mantienen 75 órdenes de captura pendientes, y se mantienen abiertas 44 averiguaciones previas El activista señaló que hay casos extremos en los que luchadores sociales enfrentan más de un proceso penal, como el de Cándido Félix Santiago, líder indígena de Chilapa que, dijo, ha emprendido una lucha para exigir maestros en comunidades nahuas, y contra quien se iniciaron cuatro procesos penales por privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación Mariano Ramírez expuso que, desde 2003, se han hecho reformas al Código Penal del estado para "tipificar como delitos actos de protesta social" Dijo que, antes de 2003; es decir, antes de que Torreblanca Galindo fuera gobernador, "el delito de ataques a las vías de comunicación se limitaba a las carreteras federales; ahora se amplia a todo tipo de accesos, incluso brechas, con penalidad de uno y dos años de prisión" Señaló que otros delitos que han sido "perfeccionados o tergiversados para actuar contra luchadores sociales en Guerrero, son los de motín, privación de la libertad, sedición, sabotaje y asociación delictuosa" Añadió: "Es un juego perverso contra los defensores y luchadores sociales, pues en los hechos se hace nugatorio el derecho de petición, se soslaya la vía diálogo y, en un intento de inhibir la protesta, se radicalizan los movimientos sociales y ello deviene en represión" Por su parte, Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló como ejemplo de la "cerrazón" del gobierno de Zeferino Torreblanca que "hace 52 días que se mantiene un plantón de maestros disidentes afuera del Palacio de Gobierno, y hasta ahora no hay ninguna intención de resolver el conflicto" Explicó que el gobierno perredista tiene "varios patrones de criminalización de la protesta social, utilizando a la Procuraduría de Justicia del estado para esos fines, a lo que se presta el Poder Judicial, con el fin de contener el descontento social y reprimir a la sociedad que se organiza en defensa de sus derechos; es decir, se hace uso faccioso de la ley" Barrera Hernández señaló que los patrones de criminalización a los que recurre el gobierno guerrerense, son la "inflexibilidad para acceder al diálogo con los defensores y defensoras", llevando los casos al ámbito penal; las denuncias por violaciones a derechos humanos son consideradas por las autoridades como "amenazas al estado de derecho"; deslegitimación de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones sociales, considerando a los primeros "defensores de delincuentes" y a las segundas como formas de "manipulación política para arrancarle recursos económicos al gobierno", y la represión al trabajo de los defensores "Con la cerrazón al diálogo, la descalificación al trabajo de los defensores y la estigmatización como defensores de delincuentes, el gobierno ha creado un ambiente adverso para colocarnos fuera de la legalidad y, de este modo, aumenta nuestra vulnerabilidad", dijo el activista Añadió que, al ubicar a las organizaciones y a defensores como "amenaza para el status quo, (el gobierno) justifica la represión, se fabrican delitos y se emiten órdenes de aprehensión Varias manifestaciones públicas han terminado en represiones policiacas" A su vez, Vidulfo Rosales, también de Tlachinollan, afirmó que es sistemática la fabricación de delitos contra defensores, en tanto que las denuncias que éstos inician contra corporaciones policiacas o militares por actuar con excesos, no son atendidas Puso como ejemplo el caso de 30 dirigentes de la Organización Independiente de Pueblos Mep?haa (OPIM), por los que la CIDH ha solicitado medidas cautelares al Estado mexicano sin que se hayan cumplido A nombre de las organizaciones guerrerenses que solicitaron la audiencia, Luz María Lluvia Flores, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos, de Chilapa, solicitó a los comisionados de la CIDH, programar una visita a la entidad o, en su caso, enviar a un relator de la unidad de defensores del mismo organismo, y que se recomiende al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones para la protección de defensores de derechos humanos, emitida por la CIDH en 2006 Además, Lluvia Flores pidió la intervención de los comisionados para que se deroguen los artículos del Código Penal que sancionan la protesta social; que se investiguen en el ámbito civil las denuncias por ataque sufridos por corporaciones policiacas y militares contra luchadores sociales; que se deje sin efecto los procesos penales iniciados contra defensores de derechos humanos, y que la CIDH participe como mediadora en una mesa de diálogo entre las agrupaciones sociales y el gobierno del estado de Guerrero La delegación del Estado mexicano --integrada por el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín; la subprocuradora jurídica para la atención de víctimas del delito, de la Procuraduría de Guerrero, María de la Luz Reyes Ríos, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Román Pinzón, rechazó los señalamientos de las organizaciones no gubernamentales y manifestó su disposición a participar en una mesa de diálogo Sin embargo, cuando el expresidente de la CIDH, Florentín Meléndez, pidió datos concretos sobre los avances en las indagaciones por violaciones a derechos humanos contra defensores, no tuvo respuesta Meléndez recordó que la CIDH ha conocido "reiteradas quejas" por violaciones a derechos humanos en Guerrero, entidad que, dijo, se mantiene en la mira del organismo y a la que se le da seguimiento Aun cuando no hubo respuestas concretas por parte de los enviados de Estado mexicano, la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, señaló que se tomará en cuenta la solicitud de los peticionarios para visitar el estado, y coincidió con Meléndez en que el organismo estará pendiente del proceso que lleven los gobiernos federal y estatal, para crear una mesa de diálogo con organizaciones civiles