Desmiente gobierno de Tabasco fraude a damnificados

viernes, 24 de octubre de 2008 · 01:00
VILLAHERMOSA, Tab , 23 de octubre (apro)- La compra de terrenos para edificar casas a damnificados por las inundaciones fue "absolutamente legal, legítima y transparente", defendió el director del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), Ariel Cetina Bertruy Al dar lectura a un comunicado, el funcionario externó que buscaba "precisar y corregir alguna información difundida en torno de la adquisición de las reservas territoriales" El gobierno del priista, Andrés Granier Melo, salió así al paso de la denuncia penal presentada ayer por diputados locales y federales del PRD ante la PGR, por presunto fraude en el manejo de 350 millones de pesos en recursos federales Según los perredistas, la empresa Suministros del Carmen SA compró en 102 millones unas 169 hectáreas de reservas territoriales que, posteriormente, revendió al Invitab en 246 millones, obteniendo ganancias de 143 millones de pesos También acudieron a la conferencia de prensa el resto de los denunciados en el presunto caso de corrupción: el titular de Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda; el presidente del Consejo de Administración del Invitab y secretario de Asentamiento y Obras Públicas (SAOP), Héctor López Peralta, y el contralor Roger Pérez Evoli El director del Invitab aprovechó el espacio para exponer pormenores de la impugnada operación que redundaría en 9 mil viviendas a damnificados por las inundaciones del año pasado Confirmó que el 14 de diciembre anterior, el gobierno estatal y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) firmaron un convenio por 350 millones para la adquisición y urbanización de lotes para viviendas Aseguró que la contingencia de noviembre de 2007, "urgió" al gobierno estatal a adquirir terrenos en zonas altas, por lo que entre febrero y julio de este año, se compraron 1694 hectáreas distribuidas en cinco predios: Tres Ceibas, Loma Alta, Estanzuela I, Vista Real y Estanzuela II Admitió que la adquisición se hizo a la empresa Suministros del Carmen SA, operación mercantil que, aseguró, en ninguna de sus partes evidenció "irregularidades o tendencias arbitrarias" "La operación comercial que realizamos es absolutamente legal, legítima, transparente y se apega a todos los lineamientos que sistemáticamente el Invitab cumple en todas sus actividades", sostuvo La empresa, dijo, cumplió todos los requerimientos solicitados por el Invitab, como observancia de los estándares de valor comercial del suelo, "determinado por el avalúo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), institución pública federal, así como la acreditación de la propiedad mediante escrituras públicas, y derechos de propiedad en regla" Rechazó que los trámites de compra-venta de los cinco predios se haya hecho "en un acto de un solo día", más bien ?aseguró-- ocurrieron en lapsos de tres y cuatro meses, con una inversión de 239 millones 428 mil 612 pesos, y no 246 millones 116 mil 143 pesos, como denunciaron legisladores del PRD ante la Procuraduría General de la República Y que, adicionalmente, se invierten 149 millones de pesos para obras de urbanización Aclaró que en relación con "los supuestos beneficios exagerados obtenidos por la empresa con la que se realizó la operación comercial descrita", en las escrituras del Invitab "no se aprecia tal situación" "Las operaciones de enajenación originales refieren que la empresa compró a 130 pesos el metro cuadrado, y el Invitab lo adquirió a 140", reconoció Centina Bertruy aventuró, además, que en el acta constitutiva de Suministros del Carmen SA "no participa ningún funcionario" del gobierno estatal, y que tampoco podría decirse que la sociedad comercial poseyera "información confidencial" Lo anterior se desprende del hecho de que la firma del convenio entre gobierno estatal y Conavi se hizo del conocimiento público Y reveló que, en el marco de sus facultades, la Contraloría estatal contrató un despacho externo "para auditar todas las operaciones" del Invitab, y resumió: "Sabemos que este caso ha originado una denuncia, por ello los servidores públicos señalados estaremos a lo que resuelvan las autoridades que tengan conocimiento de la misma, por lo que no realizaremos otra declaración o manifestación alguna, salvo las que en su momento requiera la autoridad"

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