Amenaza desafuero a 27 funcionarios de Nuevo León

viernes, 7 de noviembre de 2008
MONTERREY, N L, 7 de noviembre (apro)- El alcalde panista de esta ciudad, Adalberto Madero Quiroga, no es el único funcionario que se encuentra en riesgo de ser desaforado por el Congreso local al ser acusado de los presuntos delitos de desvío de recursos y abuso de autoridad El Congreso local tiene en la congeladora 27 solicitudes de desafuero contra igual número de servidores públicos y legisladores de distintos partidos políticos, cinco de las cuales están en vías de desahogarse en los próximos días Entre ellos se encuentra el caso del diputado local del PRD, Guillermo Gómez Pérez, quien enfrenta dos demandas penales por la probable venta fraudulenta de terrenos en el municipio de García También el del alcalde panista del municipio de Cadereyta, Edelmiro Cantú Sada, quien está acusado de conflicto de intereses al cobrar como edil y como empleado petrolero El alcalde priista del municipio de Santiago, Rafael Paz Fernández, está igualmente incluido en esa lista, por cargar a cuestas con una acusación de fraude específico por la venta de terrenos en esa localidad En este caso, la parte demandante presentó, además, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Servidores Públicos Y en la misma situación se encuentran el alcalde del ayuntamiento de Doctor Coss, Simón Ríos Rangel, y la síndico de ese mismo lugar Ambos están acusados de faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Entrevistado al respecto, el diputado panista Fernando Kuri Guirado, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, dice que de las 27 solicitudes de juicio político que han llegado a la comisión que preside sólo cinco serán sometidas a análisis y anticipa que el resto serán desechadas por infundadas Explica el procedimiento: "Cada caso tiene qué ser estudiado a fondo, aunque la mayoría son denuncias de los medios de comunicación, en las que no hay documentación Actualmente, la comisión analiza todos los casos y en los que no presenten pruebas, serán desechados" Los 5 casos amarrados Entre los casos que tienen amplias posibilidades de cubrir toda la ruta del desafuero se encuentra el del diputado local del PRD, Guillermo Gómez Pérez Según el expediente 4571, el legislador enfrenta dos denuncias interpuestas por particulares, quienes piden retirarle el fuero para que responda ante la justicia De acuerdo con documentos que obran en poder de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso, el 4 de junio de 2007 el ciudadano Benito Salazar Martínez pidió a la Legislatura "que exhorte respetuosamente al diputado Guillermo Gómez Pérez que se separe de su cargo temporalmente y pueda comparecer a declarar en la averiguación previa 138/2007-3 radicada en la agencia del Ministerio Público de García" El pasado 6 de julio, Luis Alberto Tovar González hizo la misma petición para que Gómez Pérez declare, en calidad de indiciado, en la averiguación previa número 168-07-I-03, radicada por el agente del Ministerio Público Investigador del Cuarto Distrito Judicial en Nuevo León En la primera querella, presentada el 26 de marzo de 2007, ante el agente del Ministerio Público José Leonardo Montáñez García, Salazar Martínez señala que Gómez Pérez acudió a su domicilio para ofrecerle en venta un terreno de 135 metros cuadrados en el lote 36, manzana 1, en la calle Maravilla, en la colonia División del Norte, en el municipio de García, donde los dos residen Según la denuncia, el ahora diputado dijo que ese lote era de su propiedad y que Salazar Martínez le dio 40 mil pesos La transacción se concretó el 18 de mayo de 2006, cuando aún no era legislador Gómez le dijo a su cliente que se reunirían pronto en las oficinas de la Unión de Colonos y Peticionarios de Tierra Avance Popular AC, donde firmarían los títulos de propiedad El 23 de julio de ese año, Gómez Pérez regresó a la casa de Salazar para pedirle que mantuviera la calma, que en breve le entregaría el terreno En ese momento, aprovechó para venderle otros dos predios de 105 metros cuadrados cada uno, ubicados en la colonia División del Norte, con un precio de 38 mil pesos por polígono Salazar le dio de adelanto: 10 mil pesos Al ver que Gómez Pérez ya no regresaba, Salazar fue a las oficinas de la Unión de Colonos el 3 de febrero de 2007, donde preguntó por sus terrenos El encargado Omar Mendoza Quiroz le explicó que ya tenían dueño Ante la posibilidad de un fraude, acudieron juntos a buscar a Guillermo Gómez Al encontrarlo, Mendoza le reclamó por haber vendido terrenos que no eran de su propiedad "Es de humanos cometer errores", les respondió Guillermo, de acuerdo con la denuncia Y se comprometió a devolver los 50 mil pesos a Salazar Pero el diputado incumplió y el afectado presentó la denuncia En su escrito presentado al Congreso local, Salazar afirma: "Ahora resulta que el agente investigador me dice que no puede citarlo a declarar porque el C Gómez Pérez es diputado local y goza de fuero constitucional, por lo que ahora me encuentro en la indefensión de hacer valer mis derechos constitucionales" En la otra denuncia penal, Luis Alberto González Tovar se queja de un fraude similar cometido por Gómez Pérez Ante el mismo agente del Ministerio Público, relata que el 9 de junio de 2006 el diputado le vendió en 40 mil pesos el predio 34 manzana 1, calle Maravillas, de la colonia División del Norte La superficie es de 96 metros cuadrados De acuerdo con la denuncia, González le entregó 30 mil pesos de adelanto Le dijo que le entregaría el predio y luego la carta oficial de asignación El trámite se iba a realizar el 17 de junio de ese año Sin embargo, González se percató que la carta ya estaba asignada a nombre de Hilda González El 17 de febrero del año siguiente, acudió ante Gómez para que le aclarar si el terreno era suyo o no El legislador le pidió que no se preocupara y le recomendó que cercara de inmediato el predio Sin embargo, no pudo ocupar el terreno y no recibió los 30 mil que le dio de adelanto a Gómez Pérez Entrevistado sobre esta acusación, Gómez Pérez negó los hechos "Son demandas que no están bien fundamentadas No se comprobó nada y, si hubiera algún delito, éste ya expiró Eso fue antes de que fuera diputado Ahora, la comisión debe sacar estos dictámenes", dice El segundo expediente, el número 5046, involucra al alcalde de Cadereyta Jiménez, Edelmiro Cantú Sada De acuerdo con los documentos que obran en dicho expediente, el funcionario municipal está acusado de conflicto de intereses, delito previsto en el artículo 141 de la Constitución del estado Las diputadas locales del Partido Nueva Alianza (Panal), Dolores Leal Cantú y Blanca Sandoval Adame, lo acusan de devengar doble sueldo, como alcalde y como jefe de Administración y Finanzas de la refinería ubicada en ese municipio En la demanda interpuesta el pasado 25 de enero, las legisladoras argumentaron: "Es a todas luces antiético que dicho edil tenga al mismo tiempo dos cargos que implican una gran responsabilidad y que, por lo mismo, demandan tiempo completo Preguntamos: ¿a qué hora el presidente municipal atiende los problemas de su localidad para los que el pueblo de Cadereyta lo eligió? "¿En qué horario desempeña sus funciones como directivo de la paraestatal? Además de su relación directa con la refinería, ¿qué otro tipo de intereses tiene el alcalde con la misma?", señalan Leal y Sandoval aluden al artículo 141 de esa ley, que dice a la letra: "Queda prohibido desempeñar a la vez dos o más cargos o empleos remunerados del estado, municipios o de uno y otro, o cualquiera de ellos con uno de la federación, sean o no de elección popular, con excepción de los relativos a la instrucción pública y beneficencia" Contra el mismo alcalde panista, existe otra solicitud de desafuero interpuesta el diputado local del PRI, Gamaliel Valdez Salazar, el 16 de octubre de 2007, según consta en el expediente número 4818 A esta petición le abonó información el ciudadano Jesús Herrera Rábago, el 13 de noviembre de ese año La tercera solicitud de desafuero involucra al alcalde del municipio de Santiago, Jaime Rafael Paz Fernández Gilberto de Jesús García Rodríguez, miembro del Colegio de Abogados de Nuevo León, presentó dicha solicitud por presuntas faltas a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de Nuevo León La denuncia fue recibida en el Congreso local el pasado 22 de septiembre y aparece con el folio 5313 En su demanda, García Rodríguez señala que la presidencia municipal de Santiago ofrece en venta lotes en la comunidad San José Sur, que no son propiedad del municipio Argumenta: "El ofrecer de cualquier forma lotes de terreno de fraccionamiento que no está debidamente autorizado por la secretaría de Desarrollo Urbano del municipio donde se encuentran ubicados los terrenos, era una acción que encuadraba perfectamente en el delito de fraude específico previsto en el artículo 397 del Código Penal del estado" Antes de recurrir al Congreso, García Rodríguez presentó, el pasado 11 de septiembre, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Servidores Públicos, por la que se abrió la averiguación previa 251/2008-III Como prueba, García Rodríguez ofrece la página de internet del municipio de Santiago, de fecha 20 de agosto pasado, según la cual el alcalde ofrece los terrenos "solo para santiaguenses y a muy bajo costo" La cuarta solicitud de juicio de procedencia que podría desahogarse en cualquier momento está relacionados con el alcalde del municipiod e Doctor Coss, priista Simón Ríos Rangel, y la síndico del mismo, María de Jesús Duarte Miembros de la Asociación Civil Unidos por Doctor Coss pidieron promovieron la solicitud de desafuero contra ambos funcionarios municipales por por presuntas faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y Municipios de Nuevo León La demanda fue presentada por el presidente de esa asociación, Isaías Ríos, y se le dio entrada el 14 de diciembre de 2007 Quedó asentada en el expediente legislativo 4947 El tanto, el pasado 26 de septiembre, la agrupación ciudadana Red Cívica promovió una demanda de desafuero en el Congreso local contra el alcalde de Monterrey Adalberto Madero, por supuesto desvío de recursos El expediente es el 5323 El martes pasado, el dueño de la empresa Servicios de Comunicación ZR interpuso una demanda contra Madero por abuso de autoridad, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Servidores Públicos Al día siguiente acudió a la Oficialía de Partes del Congreso local, donde pidió que fuera desaforado

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