MONTERREY, N L, 10 de diciembre (apro)- La Comisión Primera de Hacienda del Congreso de Nuevo León aprobó este miércoles la abrogación del decreto 75, con el que se pretendía aplicar un impuesto para financiar el Arco Vial Sureste El dictamen, que el próximo 15 de diciembre será presentado al pleno del Congreso para su aprobación, fue avalado por la mayoría panista, que busca sepultar el proyecto para construir una vialidad de 198 kilómetros que unirá los municipios de Monterrey y Juárez En una tensa sesión, marcada por el reclamo de diputados del PRI, PT, PRD y Nueva Alianza, el presidente de la comisión, Noé Torres Mata, junto con otros cinco panistas, votaron en solitario el dictamen que revierte el decreto que aprobaba el Impuesto de Mejoría Específica, aprobado el 20 de marzo de 2007 y publicado un mes después en el Diario Oficial del estado En su argumentación, los legisladores señalaron que el impuesto había sido aprobado con "imprecisiones topográficas y engaños", pues la Coordinación de Proyectos Estratégicos, que dirige Abel Guerra Garza, presentó al Congreso local un plano del Arco Vial diferente al que entregó para su aprobación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Al presentar el dictamen, Torres Mata exhibió el análisis de tres peritos, Esteban Villarreal Galindo, Patricia Vella Coiffier y Juan Antonio Alatorre Crispín, quienes certificaron que los planos en cuestión eran diferentes, lo cual, dijo, "hace inviable la aplicación del impuesto" La indefinición del trazo específico sobre el que pasará la carretera, que costará 2 mil 500 millones de pesos, "incide en la identificación plena de los predios objeto del impuesto, lo que no permitiría determinar a los sujetos pasivos de la obligación tributaria, haciendo imposible la recaudación y dando al traste con las legalidad del impuesto", señaló el panista Al respecto, la diputada priista Clara Luz Flores Carrales, presente en la reunión, cuestionó el hecho de que los diputados desdeñaran instituciones educativas del estado, como la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey, a las que, dijo, debieron comisionar para que hicieran los peritajes Contrario a ello, expresó, contrataron a tres especialistas que, salvo Villarreal Galindo, no están debidamente capacitados para entregar un dictamen y por ello podrían ser demandados penalmente Por su parte, el diputado Gerardo García Maldonado, del Partido del Trabajo, censuró que ninguno de los especialistas contratados hubiera acudido al lugar donde se contempla construir la polémica vialidad, a espaldas del Cerro de la Silla En respuesta, el panista Ranulfo Martínez, secretario de la comisión, señaló que además de los trazos diferentes, el proyecto carecía de los permisos federales para su realización "En el decreto hay dos trazos distintos y, sin considerar el manifiesto de Impacto Ambiental de la Semarnat, hay una ambigüedad que debilita el cobro del impuesto", afirmó