JALAPA, Ver , 9 de diciembre (apro)- El procurador del estado, Salvador Mikel Rivera, afirmó que en los últimos meses se ha incrementado el número de amenazas de extorsión vía telefónica, con las que la delincuencia organizada ha intimidado a más de cinco mil veracruzanos desde otras entidades del país Ante ello, el funcionario dijo que el objetivo de los extorsionadores, a través de llamadas telefónicas, además de pretender ganar dinero fácil, es generar zozobra en la sociedad y que ésta perciba que es mayor "la capacidad de los delincuentes que el estado" en materia de seguridad pública Al comparecer ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local como parte de la glosa del IV informe del gobierno estatal, Mikel Rivera dijo que esta situación "es muy grave porque donde se ha asentado la delincuencia organizada, es donde se ha logrado romper la vinculación entre la sociedad y las autoridades" Señaló que la marcha realizada el pasado 5 de agosto en la ciudad de México, fue porque los ciudadanos no estaban satisfechos con los resultados de las autoridades Añadió que, sin embargo, "una vez terminada la protesta, en lugar de que estuvieran reunidos autoridad y ciudadanos, lo que hubo fue un enfrentamiento y la frase famosa (del empresario Alejandro Marti), de si no pueden, renuncien" En tanto, dijo, "la delincuencia se ríe, pues utilizan una estrategia para generar este clima de zozobra y desconfianza, por lo que el siguiente paso, si nosotros no actuamos de manera coordinada, será sustituir al Estado, como la mafia se apoderó de Sicilia, en Italia" En el caso de Veracruz, explicó, "estamos hablando de casi 5 mil llamadas diarias que hacen extorsionadores Normalmente, sí la gente no paga, no sucede nada, pues no tenemos ningún caso de llamadas de extorsión que no haya pagado y que le haya sucedido algo malo" En este sentido, el funcionario conminó a las víctimas a denunciar los hechos para que las autoridades puedan intervenir "Hoy se dice que el asunto de inseguridad es complejo y el crimen está organizado, lo que no es sólo una frase hecha para eludir responsabilidades, sino un hecho real" En la glosa del informe, Mikel Rivera calificó de preocupante las cifras en materia de delincuencia Dijo que el grueso de la población que delinque son menores de 36 años; es decir, "el 66 por ciento de las personas que violentan la ley en este país son jóvenes y, de éste porcentaje, más de la mitad se sitúa entre los 18 y 25 años" A juicio del titular de la PGJE, se debe trabajar más con los jóvenes con el fin de lograr una nueva forma de concebir las relaciones "Datos duros reflejan que, a mayor número de jóvenes que no van a la escuela o no trabajan, hay mayor incidencia delictiva, pero no se trata de meterlos a la cárcel, sino de evitar que se den ese tipo de conductas" Por otro lado, en respuesta al cuestionamiento del diputado panista Jesús Remes en torno al estado que guardan las denuncias penales que interpuso el Congreso local en 2005 contra funcionarios del gobierno de Miguel Alemán Velasco por presunto daño patrimonial al erario público, como fue el caso del fideicomiso de los Tiburones Rojos de Veracruz, Mikel Rivera dijo que "ya concluyeron" Sin detallar si los exfuncionarios públicos y el empresario taurino Rafael Herrerías Olea, quien fue denunciado por los mismos hechos, resarcieron los más de 240 millones de pesos que presuntamente desviaron del fideicomiso de administración del equipo de fútbol, apuntó: "Los tres o cuatro casos están determinados y ya fueron concluidos" El funcionario también fue cuestionado en torno a las investigaciones relacionadas con casos sonados en la entidad, entre ellos el secuestro y asesinato de Karina Reyes Luna, sobrina del arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios; la muerte de la indígena de Zongolica, Susana Xocua, y la fuga de reos del penal de Coatzacoalcos, ligados al grupo armado del cártel del Golfo, Los Zetas En el caso de la fuga del grupo de sicarios del penal de mediana seguridad Duport Ostión Coatzacoalcos, en mayo pasado, Mikel Rivera señaló que se abrió la causa penal número 257/2008, "donde tenemos varias personas consideradas como presuntos responsables por evasión de presos" Añadió que, debido a que se trataba de un asunto que encuadraba en delincuencia organizada, se dio vista al Ministerio Público federal, por lo que, por un lado, "tenemos la investigación abierta por la federación, y nosotros hemos recurrido a un auto de sobreseimiento de fecha 16 de junio de 2008, dictado a favor de los cuatro inculpados Estamos en espera que se resuelva el asunto" En torno al caso de la indígena Susana Xocua, cuyo cuerpo fue encontrado en un maizal en febrero pasado en un paraje de la sierra de Zongolica, dijo: "Después de una investigación apoyada por un trabajo pericial en colaboración con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, el dictamen médico de la exhumación, análisis y pruebas, determinó que fue muerte natural" En el caso de la joven Karina Reyes, el funcionario aseguró que sus familiares no han presionado a la PGJE Al contrario, dijo, "en todo momento ha sido atenta, diligente y, desde un principio, expresó su preocupación, en el sentido de que no se fuera a buscar un chivo expiatorio como responsable del crimen" Añadió que hasta que la PGJE tuvo elementos suficientes para presumir la responsabilidad de tres personas, "fue como hicimos la consignación", lo que, dijo, ha llevado a la familia de uno de los implicados a realizar manifestaciones legitimas tanto en Jalapa como en Ciudad Mendoza, apelando su inocencia No obstante, insistió, a juicio de la PGJE, "existían elementos suficientes que nos hacen presumir la presunta responsabilidad" Añadió que "ya fue resuelto el recurso de revisión y fue confirmado en los autos de formal prisión Seguramente se irán al amparo y la causa penal sigue y será el juez el que determine si son o no culpables"