* La Comisión Civil Internacional de Observadores de los Derechos Humanos documenta el caso Tuxtla Gutiérrez, Chis , 21 de febrero (apro)- Por los menos 13 agentes de la Policía Estatal de Caminos (PEC) torturaron a dos indígenas de las bases de apoyo zapatistas, en la comunidad de Betel Yochib, a quienes acusaron de los delitos de asociación delictuosa, portación de arma prohibida e intento de asalto, denunció la Comisión Civil de Internacional de Observadores de los Derechos Humanos (CCIODH) En su página de internet, la CCIODH dio a conocer hoy un video en el que los indígenas tzeltales Eliseo Silvano Jiménez y su hijo Eliseo Silvano Espinosa, detenidos el pasado 1 de febrero, exhiben las huellas de la tortura y narran desde el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Catazajá, la manera en que fueron golpeados por agentes de la PEC El video fue grabado por miembros la CCIODH el pasado 6 de febrero, el mismo día que ambos detenidos fueron puestos en libertad; las lesiones fueron documentadas por el médico Bernard Doray y la sicóloga Concepción Doray, miembros de la Comisión Según el testimonio de los indígenas, el 1 de febrero, alrededor de las ocho de la mañana se dirigían a bordo de una motocicleta a la comunidad de Betel Yochib, cuando a escasos 200 metros del poblado fueron interceptados y detenidos por seis policías que se transportaban en vehículo Tsuru color rojo sin placas de circulación Padre e hijo refieren que fueron sometidos violentamente por los agentes de la PEC, quienes los golpearon en la cabeza con el mango de sus pistolas Incluso a uno de ellos se le escapó un tiro que hirió a uno de los detenidos Minutos después llegaron siete policías más, los cuales se unieron a la golpiza Les propinaron puntapiés en la cara, los testículos y en el resto del cuerpo Según el relato, la tortura continúo en la base de operaciones de la PEC, donde los policías intentaron obligarlos a declararse culpables de varios asaltos y de portar armas prohibidas, con la amenaza de que si no lo hacían serían asesinados Debido a que los detenidos se rehusaron a declararse culpables de delitos que, según ellos, no cometieron, tres policías les rociaron gas lacrimógeno y les colocaron bolsas de plástico en la cara para asfixiarlos; además, a Eliseo Jiménez (el padre), le arrojaron un líquido hirviente? Relatan que alrededor de las 6 de la tarde ambos fueron trasladados a la Fiscalía Zona Selva, donde fueron obligados a firmar una declaración ministerial falsa, sin que les permitieran conocer la traducción del documento, en el cual "aceptan" haber participado en varios asaltos y ser miembros de una banda delincuencial que opera en la región desde hace un año Por otra parte, en una ficha informativa la CCIODH dio a conocer que los especialistas Bernard y Concepción Doray constataron las huellas de la tortura --más graves en el mayor de los detenidos--: quemaduras en la parte del coxis; hematomas por golpes en la cara y en todo el cuerpo; así como una herida de bala en el pie de Eliseo Espinosa (el hijo), entre otras "Quedamos sorprendidos al verlos en la cárcel con acusaciones graves, aparentemente sin pruebas convincentes", indica la ficha informativa El sábado pasado, al concluir su visita de trabajo en la entidad, la CCIODH dio a conocer un informe preliminar en el que lamentó que la tortura continúe siendo una práctica común en Chiapas, y conminó al gobierno del estado desterrar este método "En el presente periodo gubernamental en el que todavía aparecen casos en los que los distintos cuerpos policiales proceden a la detención de personas inocentes a partir de denuncias falsas, con la colaboración de grupos paramilitares, se les imputan hechos no realizados, se les arranca autoinculpaciones bajo tortura, se les procesa exclusivamente sobre la base de esas autoinculpaciones realizadas bajo tortura, todo ello en un proceso penal repleto de irregularidades procesales", señaló "Es urgente abordar una reforma estructural del sistema de impartición de justicia que asegure su verdadera accesibilidad, su imparcialidad y la vigencia de todas las garantías básicas Debe asegurarse una defensa de oficio de calidad, la presencia de traductores de confianza que garanticen los derechos lingüísticos de las personas indígenas y permitir que las víctimas de sucesos delictivos puedan actuar como parte en los procesos judiciales, abandonando el monopolio del ministerio público y con ello evitar sospechas sobre su parcialidad", concluyó la CCIODH