* Torturaron por nueve horas a un profesor rural y su hijo de 6 años Tuxtla Gutiérrez, Chis , 22 de febrero (apro)- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos una denuncia penal por tortura y secuestro en contra del personal del Ministerio de Justicia del estado, sin embargo, la querella sólo fue aceptada como "acta administrativa" El organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, informó a través de un comunicado que el pasado 5 de febrero el profesor rural Felipe Hernández Yuena y su hijo Pavel Santiago, de 6 años de edad, fueron detenidos y llevados a los separos del Ministerio de Justicia, donde durante nueve horas fueron sometidos a torturas físicas y sicológicas El profesor Hernández Yuena fue el orador principal durante el mitin que se realizó el 31 de enero, después de una marcha contra la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) Los policías que detuvieron al profesor rural y a su hijo de 6 años, lo acusaron los delitos de motín, rebelión, sedición, asonada e incitación a la violencia Nueve horas después de la detención fue liberado "bajo las reservas de ley" El Frayba acusó a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de minimizar los delitos cometidos al admitir la denuncia con carácter de acta administrativa, sin otorgar, a la denuncia penal, la relevancia de una averiguación previa, como lo establece la ley estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura Según la ley local, "comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada En esa misma ley se menciona que "a quien cometa el delito de tortura se aplicará pena privativa de la libertad de uno a doce años, de 100 a quinientos días de multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta" Sin embargo, esta ley fue evadida por quienes recibieron la denuncia y le dieron el carácter de "acta administrativa" Según el organismo, esta actitud contradice, además, diversos instrumentos internacionales que México signó y se comprometió a respetar El Frayba explicó que esta actitud del aparato responsable de la procuración de justicia en Chiapas confirma la política de criminalización hacia la protesta social y la libertad de expresión, así como la política de persecución de los ciudadanos que intentan ejercer de manera libre sus derechos políticos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos "Dicha política es ejercida por funcionarios del gobierno del estado, con fundamento en el inquisitivo tipo penal de ?incitación a la violencia? adicionado recientemente al Código Penal del estado", denunció El organismo exigió al Ministerio de Justicia elevar a rango de averiguación previa la denuncia penal por tortura, incomunicación y privación ilegal de la libertad del profesor Hernández Yuena y su hijo Pavel Santiago; y castigo para los policías ministeriales y funcionarios que estuvieron encargados de la detención, custodia e interrogatorio, entre otras demandas Así mismo, pidió derogar inmediatamente los tipos penales de orden político como los son los de "sedición", "rebelión" y de "incitación a la violencia", los cuales criminalizan la protesta social, la libertad de expresión y alientan las detenciones arbitrarias y la tortura, además de que implican una regresión en materia de Derechos Humanos; pero, sobre todo, que se garantice el respeto a la integridad física y psicológica del profesor Hernández Yuena, su familia y amigos El 14 de febrero pasado, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, Suiza, manifestó su preocupación por la "detención arbitraria temporal" del profesor Hernández Yuena en presencia de su hijo Pavel Santiago; y por los presuntos malos tratos infligidos