AI llama al gobierno de Guerrero a indagar el asesinato de un miembro de la OPIM

miércoles, 27 de febrero de 2008
México, D F, 26 de febrero (apro-cimac)- Amnistía Internacional (AI) llamó al gobierno de Guerrero a investigar, inmediata e imparcialmente, el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y hermano de Inés Fernández Ortega, indígena me´phaa (tlapaneca), que fue violada presuntamente por soldados del Ejército mexicano en marzo de 2002 En un comunicado, AI manifestó su preocupación por la seguridad de Inés Fernández, su esposo Fortunato Prisciliano Ortega y la traductora Obtilia Eugenio Manuel, también integrantes de la OPIM quienes, dijo, han sido amenazados desde el pasado 9 de febrero, día en que desapareció Lorenzo de su lugar de trabajo y quien fue encontrado muerto al día siguiente en Ayutla de los Libres AI dijo que las y los activistas de la OPIM han trabajado para pedir justicia respecto de una serie de violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas las y los habitantes de Guerrero Afirmó que este es el caso de la violación que sufrieron las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002, así como la esterilización forzada de 14 hombres indígenas en 1998 Señaló que Lorenzo trabajó ampliamente, como integrante de la OPIM, en favor de su hermana Inés, quien por no tener acceso a la justicia en México presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de octubre de 2007, junto con Valentina Rosendo Cantú, otra indígena me´phaa que fue atacada sexualmente por militares Lorenzo --quien fue secuestrado el 9 de febrero de 2008 y hallado muerto al día siguiente en Ayutla de los Libres, municipio donde trabajaba como albañil-- había hecho también campaña en favor de los 14 indígenas que, afirman, fueron esterilizados por la fuerza en 1998 Tras agotar las instancias de justicia nacionales, el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, de los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres, Guerrero, violadas presuntamente por soldados en 2002, fue presentando a la CIDH en noviembre de 2003 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan (CDHT) y la Organización de Pueblos Tlapanecos Tres años después, en noviembre de 2006, la CIDH les notificó que admitía el caso, mismo que se presentó el 12 de octubre de 2007 Lo que ambas mujeres expusieron en esa ocasión ante los integrantes de la CIDH fue la dilación de la justicia y que el caso haya sido "juzgado" en el fuero militar, donde fue cerrado por considerar que no había sido acreditada la violación y, por lo tanto, no hubo sanción a los responsables, así como la destrucción de pruebas Según información de Tlachinollan, tras el ataque Valentina tuvo que salir de su comunidad Como resultado de la violación fue infectada con el Virus del Papiloma Humano, por lo que estuvo dos años en tratamiento médico Ahora trabaja y va a su comunidad sólo de visita Inés no ha asumido aún lo que sucedió y, aunque ha recibido tratamiento psicológico, ha sido más trágico para ella Permaneció en su comunidad, se volvió aislada, no sale de su casa y le resulta difícil relacionarse con los demás AI ha señalado que estas mujeres han tenido que luchar contra un sistema que ofrece mala asistencia médica y exámenes forenses de mala calidad, que parece reacio a proporcionar ni siquiera las garantías mínimas de un resultado satisfactorio, o es incapaz de proporcionarlas El secuestro de Lorenzo ocurrió el 9 de febrero de 2008 Fue hallado muerto al día siguiente en Ayutla de los Libres Lorenzo vivía en la comunidad El Camalote Se alojaba en el almacén de su empleador, junto con otros trabajadores de la construcción, debido a lo distante de su domicilio Sus compañeros lo vieron por última vez la tarde del 9 de febrero Esa noche no regresó a dormir y fue hallado muerto con "señales de tortura" en el río Ayutla la mañana siguiente Fue recogido por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Antes de su desaparición, un compañero de trabajo informó que tres hombres armados se habían acercado al almacén el 6 de febrero, con una lista de nombres y le preguntaron si conocía a Lorenzo Fernández Cuando dijo que no lo conocía, los hombres se fueron A mediados de enero pasado, Lorenzo había dicho a su hermana y a su cuñado Fortunato que temía por su seguridad y la de otros miembros de la OPIM, ya que unos desconocidos se le habían acercado para preguntarle por la organización y su trabajo Por ello, AI recomendó a organizaciones civiles que envíen llamamientos "lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma" al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo; al procurador de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia, y al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la entidad, Juan Alarcón Hernández En su comunicado, AI afirmó que es necesario que los autores del homicidio comparezcan ante la justicia, y manifestó su preocupación por la seguridad de las y los integrantes de la OPIM, en particular de Inés, de su esposo y de Obtilia Eugenio Manuel, para que se realice una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas que han sufrido Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan afirmó que se adhiere al llamado de AI ante la gravedad de la situación que enfrentan los miembros de la OPIM que, dijo, desde hace seis años, han sufrido violaciones sexuales y amenazas de muerte, además del reciente homicidio de Lorenzo El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, manifestó que "todas estas acciones al margen de la ley han permanecido en la impunidad, debido a que las autoridades han asumido una actitud tibia y poco comprometida con las víctimas, omisiones que forman parte del ambiente de impunidad que prevalece en la región y del grado de descomposición social en que se encuentran sumidos los pueblos indígenas" Añadió: "Lo más preocupante es que, con estos hechos, no hay garantía del trabajo para los defensores de derechos humanos y se mantiene en un estado de indefensión a las y los familiares de las víctimas"

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