* Piden al gobernador desmantelar red de tráfico de influencias y corrupción Tuxtla Gutiérrez, Chis , 26 de mayo (apro)- Colonos del municipio de Berriozábal, a unos 15 kilómetros de esta ciudad, denunciaron la existencia de una red de tráfico de influencias y corrupción integrada por fraccionadores de tierras, funcionarios y notarios Los representantes de más de 120 familias señalaron que ese grupo de interés ahora pretende despojarlos de 240 hectáreas de tierras que adquirieron para levantar sus casas y cultivar sus huertos Para poner fin al tráfico de influencias de fraccionadores y frenar la tala arbitraria de decenas de hectáreas de zona arbolada, los colonos demandaron la intervención del gobernador Juan Sabines y de las autoridades ambientales En conferencia de prensa, Marco Antonio Gómez e Ismael Ruiz recordaron que en el 2002 reunieron unos 2 millones de pesos para comprar el predio Santa Inés Buenavista a su propietaria María Magdalena Mota Mejía Gómez Pérez dijo que se trataba de "una zona arbolada, fresca, una zona montañosa bonita para construir nuestras casas; habíamos acordado tener una parque ecológico de 10 hectáreas donde se encontraba el manantial que nos proveería de agua" Pactaron la entrega de 2 millones y, cuando la dueña entregara las escrituras del predio, cubrirían otros 400 mil pesos Como testigos se presentaron María Magdalena y el sacerdote José Francisco Burguete Mota, hijos de la propietaria Meses después, se dieron cuenta que Magdalena Mota había interpuesto una demanda penal en la que reclamaba la salida de los colonos que ya habían empezado a deslindar las tierras Así inició un largo litigio para obligar a la vendedora del predio a reconocer la operación de compra Entonces, procedieron a contrademandar, pero a la par que avanzaba la queja de la vendedora, funcionarios del ahora Ministerio de Justicia reportaban el extravío de algunos documentos del expediente de los colonos Los residentes, entre ellos campesinos, madres solteras, indígenas y profesionistas, señalaron que fueron víctimas de un primer intento de desalojo, donde destruyeron las cercas que delimitaban sus lotes Ya en el proceso jurídico se dieron cuenta que Magdalena Mota tenía amplia influencia sobre algunos funcionarios de gobierno, pues logró que se iniciaran acusaciones por despojo, asociación delictuosa y ecocidio contra los colonos Incluso uno de ellos, Ismael Ruiz Castañón, fue detenido pero después de la intervención de sus compañeros fue liberado Más tarde, otros fraccionadores como Carlos Gordillo, Álvaro Alejandro Gordillo Maza, Miguel Ángel Rodríguez Yáñez, Humberto Cuevas Villanueva y Matusalén Morales Santiago lanzaron amenazas de muerte a los colonos Señalaron que en la red de tráfico de influencias participan el delegado de gobierno en la zona, José Juan Ulloa Pérez, hermano del diputado federal perredista Emilio Ulloa Pérez; Edy Cruz Manzur, subsecretario de Asuntos Agrarios; la secretaria de Desarrollo Económico de Tuxtla Gutiérrez, María Eugenia Pérez Fernández, y el perito Oscar Godoy González Otros personajes que cabildean a favor de Magdalena Mota son los notarios públicos Saraín Antonio Cortázar Salas, Gilberto de Jesús Bátiz López, Oscar Gabriel Esquinca Camacho y Raúl Sánchez Pérez