Monterrey, N L, 24 de junio (apro)- El Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad, en segunda vuelta, la homologación de la Constitución local con la federal en materia electoral En el nuevo ordenamiento fueron excluidos los temas polémicos , como la propuesta panista de elegir "diputados de lista", y la propuesta del PRI, de elegir "candidaturas municipales conurbadas" El Congreso del estado tiene hasta el 1 de agosto de este año para elaborar y aprobar la Ley o el Código Electoral del estado, pues, de lo contrario, las reformas no podrán ser aplicadas en el próximo periodo electoral que iniciará formalmente el 2 de noviembre, en el que se elegirá gobernador, ayuntamiento y diputados locales Según la legislación local, cualquier reforma en materia electoral tiene que ser aprobada 90 días antes de que arranquen formalmente los procesos La segunda vuelta, que convalida las modificaciones a la Constitución local, fue aprobada este martes por los 42 legisladores de las cinco fracciones del Congreso estatal El 14 de noviembre del 2007, entró en vigor una reforma Constitucional que le daba a los estados un año de plazo para que actualizaran sus leyes electorales locales La reforma electoral se había entrampado en la entidad por más de tres meses por la controversia que sostenía la mayoría de Acción Nacional con el PRI, que es primera minoría El PAN impulsaba la creación de listas de diputados, elaboradas por el propio partido, para que fueran repartidas las curules de forma similar a como lo hacen los regidores en los Ayuntamientos El PRI, por su parte, sugería las candidaturas a alcaldes con residencia conurbada Esto significaba que los candidatos no necesitaban cumplir con el criterio de residencia de su municipio, si es que residían en cualquiera de los cinco del área conurbada de Nuevo León, que son Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro En conferencia de prensa, la mayoría panista rechazó dichos temas que tenían entrampada la reforma electoral en el estado y sí, en cambio, apoyó el recorte al empleo de los recursos y a los tiempos de campañas y precampañas, así como el endurecimiento de sanciones contra quienes desvíen recursos para ese fin