COLIMA, Col , 11 de julio (apro)- Promulgada el 13 de mayo de 1995 en el periódico oficial del estado, la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura ha sido hasta ahora "letra muerta", pues según defensores de los derechos humanos no ha sido aplicada en ninguna ocasión, pese a que en ese lapso se han documentado varios atropellos de este tipo Afirmaron que no han sido suficientes las denuncias penales presentadas por ciudadanos, ni las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), ni las denuncias de organizaciones civiles, para que la Procuraduría General de Justicia del Estado consigne a los agentes acusados de usar todavía la tortura como método de investigación policial A juicio del presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG), Efraín Naranjo Cortés, la omisión de las autoridades en la aplicación de la ley se enmarca dentro de "una política de Estado de no reconocer la existencia de malos tratos, vejaciones, incomunicaciones, amenazas y la tortura" Atribuye la falta de aplicación de esa ley a "la tradición de impunidad y prepotencia que sigue prevaleciendo, así como al ánimo de complicidad para proteger a los agentes que son parte del sistema, pues se arrastra en Colima una subcultura de impunidad similar a la del viejo régimen autoritario y criminal que significó en el país una serie de atropellos y desaparición de muchos mexicanos" El caso más reciente fue el de cinco ambientalistas detenidos, maltratados y vejados en Manzanillo después de participar en un mitin frente al gobernador Silverio Cavazos Ceballos que, a pesar de haber presentado una denuncia penal después de los hechos, en junio de 2007, hasta ahora nadie ha sido consignado Recientemente, la CDHEC, con base en exámenes aplicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) conforme al Protocolo de Estambul para casos de tortura física y psicológica, emitió una recomendación, en la que demandó a la procuraduría concluir la investigación y sancionar a los presuntos responsables Sin embargo, desde la entrada en vigor de la ley antitortura en 1995 y luego del paso de tres procuradores por la corporación --Jesús Antonio Sam López, José Gilberto García Nava y el actual, Arturo Díaz Rivera--, se ham acumulado una serie de casos, en los que, pese a señalamientos concretos de hechos de tortura, ha prevalecido la impunidad A la llegada de Sam López a la procuraduría, en enero de 1995, se encontró con una denuncia penal presentada por el joven Julio César Panduro de la Mora, de 19 años de edad, quien se quejó de haber sido torturado por dos agentes de la corporación Posteriormente, una recomendación de la CDHEC confirmó y probó sus aseveraciones, pero los acusados no fueron sancionados conforme a la legislación de entonces, pues todavía no se aprobaba la ley para prevenir y sancionar la tortura Ya con la ley vigente, se conocieron públicamente los casos de Rigoberto Cárdenas Chávez, asesinado en 2004, y de José Moreno Arreola, quienes denunciaron haber sido torturados para que se declararan culpables de secuestro, pero en su momento el CDHNG dio a conocer que fueron presionados e intimidados para que retiraran sus denuncias y no se consignó a los presuntos responsables de los atropellos Posteriormente, Juan José González Robles, un joven del municipio de Cuauhtémoc, denunció haber sido torturado para que aceptara su culpabilidad en un robo pero, a pesar de una recomendación de la CDHEC, en lugar de consignar a los presuntos responsables de la tortura, la procuraduría procedió contra el padre de la víctima por supuesta difamación, luego de que publicó una carta en un periódico donde denunciaba que no se había hecho justicia Efraín Naranjo Cortés refiere que, en 2004, en tiempos del procurador Gilberto García Nava, cinco jóvenes trabajadores de la empresa Macsa fueron detenidos y torturados en las instalaciones policiacas, y a pesar de que esto fue denunciado y el Comité de Derechos Humanos no gubernamental realizó gestiones ante el titular de la corporación, los presuntos responsables tampoco fueron sancionados Otro caso impune, señala, fue el de Valentín Jiménez, de oficio pintor, en el que tampoco se hizo justicia Durante 2007, la única recomendación realizada por la CDHEC a la procuraduría, en la que se refería a otro caso de malos tratos y tortura, fue rechazada por esta corporación, luego de afirmar que no había pruebas de que se hubiesen registrado los abusos policiacos y bajo el argumento de que el quejoso se dedicaba a la venta de drogas Efraín Naranjo advierte que la tolerancia de las autoridades a la práctica de la tortura puede ser interpretada por los elementos policiacos como la existencia de un permiso para torturar "Si se le hubiera aplicado la ley aunque sea a un agente, eso daría un mensaje de que la ley es pareja para todos y que, por lo tanto, ellos no tienen que cometer ese delito Pero, al contrario, el mensaje al no castigarse ese delito es que hay luz verde", señala El problema en los 13 años de existencia de la ley antitortura, añade Efraín Naranjo, no ha sido su contenido, sino la falta de voluntad para hacerla cumplir, pues las autoridades siguen rigiéndose bajo el principio de que "al enemigo, la ley, y al amigo, la ley y la benevolencia", situación que explicaría el hecho de que la procuraduría no actúa contra los torturadores De acuerdo con Naranjo, los tres procuradores que han ocupado el puesto de 1995 a la fecha han coincidido en la actitud de no aplicar esa ley, pues "han obedecido a un régimen permisivo de la violación de los derechos humanos Aclaro que no tengo nada personal contra ninguno de ellos, pero tengo que decirlo" No obstante, indica que, a diferencia del exprocurador Sam López, el actual procurador, Arturo Díaz Rivera, "es una persona con la que se puede hablar y discutir cualquier punto, y te dice lo que piensa El diálogo con él se puede dar, igual que con el gobernador Silverio Cavazos, pero mantienen prácticas que ellos mismos aprendieron de los viejos cuadros, en el sentido de proteger a los policías de manera cerrada y ciega para no reconocer la violación de derechos humanos cuando la han cometido" Por su parte, el procurador Arturo Díaz Rivera informa que, en los tres años y dos meses de la actual administración estatal, han sido dados de baja o consignados 43 elementos de la Policía de Procuración de Justicia del Estado (PPJE) por diferentes circunstancias Dice que un pequeño porcentaje de los cesados, 4 ó 5%, han sido también consignados por haber cometido delitos, como el caso de algunos que trataron de extorsionar a unos ciudadanos o de otros que condujeron patrullas en estado de ebriedad y se impactaron o que realizaron disparos al aire "Yo he sido muy claro con ellos; me conocen desde hace muchos años, saben cómo pienso, y así como he tomado ese tipo de acciones contra elementos policiales, también he incentivado a muchos a que ocupen cargos muy altos dentro de la institución En ese sentido, considero que les he cumplido para que sigan trabajando La parte principal es hacerles notar para qué sirven a la sociedad, porque también podemos encontrar elementos que no sirven a la institución, la afectan" Díaz Rivera reconoce que, hasta ahora, ningún elemento ha sido sancionado por violación a los derechos humanos, aunque "si hay necesidad en su momento de que se tenga que dar de baja a algún elemento, adelante" Expone que cuando han existido quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de elementos de la corporación, y la gente ha pedido hablar con el acusado, el propio policía entra en contacto con la parte quejosa y se han resuelto casos a través de "convenios amigables" que tiene la Comisión, en los que, después de un diálogo, el ofendido otorga el perdón legal Sin embargo, refiere el procurador, "la gente al salir del despacho de una oficina ministerial no queda con buen sabor de boca y nos dicen ?oiga, licenciado, yo no quiero que esta persona (el agente) me vaya a parar en la calle o me vaya a decir algo o haya represalias contra mi familia? Entonces, lo primero que hacemos es recordarle al policía que si esas personas los perdonan legalmente hablando, mantengan el equilibrio, el orden, y que no les voy a tolerar absolutamente nada" Añade: "Lo más importante es que (los agentes) sepan que nosotros como autoridades sabemos de lo complicado que es la labor ministerial y policial, pero también no es una justificación para que estén violentando los derechos humanos"