OAXACA, Oax , 15 de julio (apro)- La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca emitió la recomendación 11/2008, en la que señala la presunta responsabilidad "administrativa y penal" de los mandos policíacos que estuvieron al frente del "Operativo Guelaguetza 2007", que dejó 40 detenidos, entre ellos Emeterio Marino Cruz, quienes fueron supuestamente sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes El documento señala como responsables por "acción u omisión" a los entonces director de Seguridad Pública del estado, Pedro Ismael Díaz Laredo; de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita López; de la Ministerial, Daniel Camarena Ruiz, y al coordinador de Seguridad Pública municipal, Aristeo López Martínez Pese a los argumentos del entonces secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, quien afirmó que el operativo fue reforzado debido a las declaraciones del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) que amagó con realizar acciones de hostigamiento militar, y del líder del magisterio, Ezequiel Rosales Carreño, que amenazó con boicotear la Guelaguetza oficial", la falta de capacitación de los cuerpos policíacos ocasionó "una maximización del conflicto", señala el informe El ombudsman de Oaxaca, Heriberto Antonio García, afirmó que "no hubo la planeación ni la coordinación necesaria entre la Procuraduría General de Justicia del estado y el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para actuar conforme lo ameritaba la situación, a fin de no caer en violaciones al derecho a la libertad, a la integridad y seguridad personal; a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; a la igualdad y al trato digno, así como a la legalidad y a la seguridad jurídica, como finalmente ocurrió" Cabe señalar que, el 16 julio de 2007, el gobierno del estado implementó un operativo con la finalidad de resguardar las instalaciones de la Rotonda de la Azucena donde se realizaría La Guelaguetza oficial Para ello, se reforzó la seguridad ante las amenazas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), de boicotear esa fiesta Alrededor de las 10 de la mañana salió la marcha rumbo al Cerro del Fortín, y una hora después, los inconformes fueren contenidos por la policía con gases lacrimógenos, lo que originó una serie de disturbios, como la quema de autobuses y del techo del restaurante del Hotel Fortín Plaza, así como la detención de 40 personas, incluidos seis menores de edad Sin embargo, el caso que retomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, fue el de Emeterio Marino Cruz, quien fue detenido sin ningún rasguño y entregado en estado de coma Del análisis que realizo la comisión, se afirma que los "servidores públicos ejercieron indebidamente el cargo que les fue conferido, al hacer un uso ilegítimo de la fuerza, ocasionarle lesiones graves y atentar contra el derecho a la integridad y seguridad personal del simpatizante de la APPO" Añade que, de esta forma, se confirma el abuso de autoridad cometido en agravio de Emeterio Marino, quien fue detenido arbitrariamente, retenido ilegalmente y sometido a actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes De igual forma, resalta el documento, de 26 cuartillas, "los elementos policíacos incurrieron en abuso de autoridad, al utilizar sus armas de disuasión (gases lacrimógenos), ocasionando esas lesiones y poniendo en grave riesgo incluso a personas ajenas al conflicto, por no estar facultados para proceder en la forma en que lo hicieron y por los cuales se integró averiguación previa número 64(VG)/2007" Por ello, solicitan al Tribunal Superior de Justicia del Estado gire instrucciones al juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro para que de trámite a la causa penal 123/2007 y dicte la sentencia que conforme a derecho proceda, en contra de los que participaron en este abuso de autoridad A un año de distancia, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca recomendó "a la Secretaría de Protección Ciudadana gire instrucciones al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Preventiva para que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que tuvieron participación en los hechos que motivaron la presente recomendación y, si son constitutivos de delito, se dé vista a la representación social, a fin de que se inicie la averiguación previa correspondiente" Así mismo, al Congreso local lo exhortó a legislar sobre la regulación minuciosa respecto del uso de gas lacrimógeno por parte de los cuerpos policíacos, a fin de minimizar los riesgos ecológicos y de afectación de la salud pública