OAXACA, Oax , 8 de agosto (apro)- El Congreso local recibió esta mañana una iniciativa del gobernador Ulises Ruiz que endurece la comisión de ciertos delitos, entre ellos el secuestro, homicidio y delitos patrimoniales Jaime Aranda Castillo, integrante de la Comisión de Administración de Justicia, explicó que las modificaciones requieren de una reforma al artículo 348 bis A del Código Procesal Penal Comentó que de pasar en el Congreso dicha reforma, el secuestro se castigaría con cadena perpetua en los siguientes casos: cuando la víctima sea menor de 16 años o mayor de 60; padezca alguna discapacidad; sea mutilada; se le extraiga un órgano; se trate de una mujer; el plagiario tenga una relación de confianza con el secuestrado, y cuando pierda la vida el retenido Adicionalmente se establece una multa económica de mil 500 días de salario mínimo Aclaró que en el caso del secuestro genérico, la iniciativa plantea que no se concedan beneficios de preliberación Y se considerará agravante, en el caso de homicidio calificado, el que la víctima haya sido servidor público cinco años antes de su muerte Héctor Pablo Ramírez, vocero del gobierno estatal, dijo que con el endurecimiento de las sanciones sólo se busca inhibir la comisión de esos delitos Por otra parte la directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés), Katya Salazar, consideró que mientras no haya una cultura judicial y una sociedad civil crítica, fuerte, preparada y, sobre todo, con propuestas, persistirán problemas estructurales como la corrupción en el Poder Judicial La especialista peruana explicó que la DPLF es una organización no-gubernamental con sede en la ciudad estadunidense de Washington, dedicada a promover la reforma y modernización de los sistemas nacionales de justicia en el hemisferio occidental, así como la plena aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en las legislaciones y prácticas estatales Salazar aclaró que los actos de corrupción judicial no sólo se entienden al estilo tradicional, es decir, el intercambio de un monto de dinero por una decisión, sino que es la interferencia de cualquier otro elemento económico y político en una decisión judicial La especialista destacó algunas de las razones principales que facilitan, permiten y promueven la corrupción judicial en Centroamérica y muchos países de América Latina Mencionó entre ellas la ausencia de procesos de selección, evaluación y destitución transparentes e imparciales; el excesivo poder de las cúpulas tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional; y la falta de órganos disciplinarios fuertes, independientes que estén atentos a cualquier desviación del Poder Judicial La también coordinadora del curso internacional "Derecho y sociedad en la Oaxaca indígena", que arrancó en esta capital el 30 de julio y concluyó este viernes, destacó que para combatir la corrupción judicial se deben aislar elementos como la ideología o la pertenencia a un partido político Una debida selección, sostuvo, garantizaría "que los jueces que llegan al Poder Judicial sean independientes, pero si la selección se concentra en algunas personas que eligen, quién sabe bajo qué criterios, eso facilita y promueve que las decisiones no sean muy imparciales" Y en cuanto al excesivo poder de las Cortes Supremas, dijo que el problema radica no sólo en la cuestión administrativa, sino en que se desconoce la forma en cómo se elige, evalúa y sanciona a los jueces Hizo hincapié en que el Poder Judicial tiene un papel de protector de la legalidad y de freno a los excesos, sin embargo, el argumento que las autoridades utilizan para combatir la corrupción es que se necesita mucho presupuesto Aunque reconoció que "no hay un método ideal para combatir la corrupción, lo cierto es que para cambiar ese mal no se necesitan muchos fondos, lo que se necesita es una decisión política y medidas de contrapeso" Esas medidas de contrapeso, insistió, tienen que ver con la transparencia, la apertura, la imparcialidad y la democracia