Escala conflicto por Arco Vial Sureste
MONTERREY, N L, 7 de enero (apro)- El Congreso local acordó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el veto impuesto por el gobernador Natividad González Parás al decreto que anula el proyecto del Arco Vial Sureste, una obra que, según denuncias, beneficiaría a familiares y socios del mandatario
Esta es la tercera controversia constitucional del Conreso local contra los vetos de González Parás a decisiones legislativas
El recurso constitucional, aprobado esta mañana por la mayoría panista en el Congreso local, pretende desechar el veto de González Parás a la abrogación del decreto 75, mediante la aprobación del decreto 320, con el que se desautorizó la construcción del Arco Vial Sureste, un proyecto que ha generado la inconformidad de grupos ambientalistas y comuneros que viven en zonas aledañas en la sierra Cerro de La Silla
El diputado Ranulfo Martínez Valdés presentó una moción para que, en lugar de turnar el veto a la Comisión Primera de Hacienda del Congreso local, como establece el procedimiento legislativo, se enviara el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que ésta decida la constitucionalidad del veto
"Existe una evidente controversia entre el procedimiento legislativo seguido por ésta representación popular y los deseos del gobernador del estado claramente plasmados en su pretendido veto contra el decreto 320, emitido por esta Legislatura, por lo que, para clarificar la verdad, es necesario recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes", dijo Martínez Valdés
La decisión de impugnar el veto de González Parás fue aprobada por 22 votos de los panistas, contra 18 de priístas y petistas, que consideraron improcedente el recurso constitucional, debido a que no fue analizado en la Comisión Primera de Hacienda
El proyecto del Arco Vial Sureste ha generado una gran polémica por los daños que causaría a la sierra Cerro de La Silla, ya que incluye la construcción de un túnel de 18 kilómetros, que fragmentaría el hábitat de especies animales, vegetales y acuáticas de la zona
El 15 de diciembre pasado, los diputados del PAN y PRI se enfrentaron a golpes en el recinto legislativo, cuando los panistas intentaban echar abajo el decreto 75, luego de que ambientalistas afirmaron que había "mentiras e inconsistencias" en el proyecto presentado el 20 de marzo de 2007
Un día después, los diputados panistas aprobaron la abrogación del decreto 75, con la ausencia de la fracción del PRI
El pasado 28 de diciembre, González Parás emitió su veto número 21 en dos años, desde que el PAN obtuvo la mayoría en el Congreso local
Entre los presuntos beneficiarios de la obra figuran los cuñados de González Parás, propietarios de la Constructora Maiz Mier, que realizaría la obra, en asociación con Pavimentaciones Caminos y Compactaciones (PACCSA), una empresa que ha contratado al llamado "Despacho Favorito", del que es socio Luis González Parás, hermano del gobernador del estado
Además, en la zona se ubica un predio de mil hectáreas, cuyo valor se triplicaría, y que es propiedad del abogado panista Luis Santos de la Garza, también socio de ese despacho con Luis González Parás