Protestan ambientalistas contra megaproyecto en Manzanillo
COLIMA, Col , 3 de noviembre (apro)- Ambientalistas, pescadores y prestadores de servicios exigieron hoy al gobernador Mario Anguiano frenar el megaproyecto que se pretende levantar en las márgenes de la laguna de Juluapan, en Manzanillo
En un mitin frente a palacio de gobierno, los manifestantes se opusieron a la construcción de la marina de yates, hoteles de lujo, así como condominios y villas de descanso para turismo de alto poder económico
Un día antes, el diputado federal panista Leoncio Morán Sánchez demandó al mandatario priista transparentar el proceso de venta del predio sobre el que se pretende erigir el proyecto ?propiedad del gobierno estatal?, pues presumió la comisión de un fraude contra el patrimonio de los colimenses
El 21 de octubre pasado, el ahora exgobernador Silverio Cavazos anunció el arranque del proyecto Puerto Santiago, en la zona conocida como La Boquita, en la laguna de Juluapan, en presencia del principal inversionista, el estadunidense David Moothie, quien presuntamente pagó 111 millones de dólares al gobierno estatal por unas 51 hectáreas de terreno colindante con la playa
Días después, todavía en la gestión de Silverio Cavazos, organizaciones ambientalistas pidieron la intervención del Congreso de la Unión luego de considerar que un desarrollo turístico de ese tipo dañará los ecosistemas de la zona
El diputado Leoncio Morán también denunció presuntas irregularidades en la venta del terreno, realizada a través de la empresa Affinity de Minnesota, a la que vinculó con el secretario de Turismo estatal, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, y el director de la paraestatal Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago, Carlos Guillermo Aguirre Ceballos
El legislador panista denunció asimismo que las escrituras de la compraventa se tramitaron en la notaría encabezada por Marcelino Bravo Jiménez, padre del titular de Turismo
Según Morán Sánchez, en el proceso de enajenación de los terrenos se dieron esquemas de subvaluación con el fin de beneficiar a terceros
El 30 de octubre, un día antes del final del sexenio, el director de Desarrollo Habitacional descartó un presunto fraude en la venta de los terrenos y aseguró que el procedimiento se llevó a cabo conforme a la ley y de manera pública
Incluso Aguirre Ceballos acusó al legislador panista y a las organizaciones ambientalistas de tratar de frenar el desarrollo del estado
Expuso que el precio del terreno se determinó de acuerdo con un avalúo realizado en marzo de 2007 por el perito Fernando García Soto ?suegro del diputado panista Leoncio Morán? , quien consideró que los 510 mil metros cuadrados alcanzaban un valor de 45 millones de dólares, aunque finalmente se pactó la venta en una cantidad superior
Durante la manifestación de este martes, encabezada por el exdiputado local perredista Jaime Sotelo García, el secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, ofreció a los disidentes programar reuniones para dialogar sobre el conflicto
Posteriormente, los inconformes se trasladaron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde fueron recibidos por el delegado Raúl Arredondo Nava, quien les aseguró que hasta el momento no existe solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para el área de La Boquita
En un mitin frente a palacio de gobierno, los manifestantes se opusieron a la construcción de la marina de yates, hoteles de lujo, así como condominios y villas de descanso para turismo de alto poder económico
Un día antes, el diputado federal panista Leoncio Morán Sánchez demandó al mandatario priista transparentar el proceso de venta del predio sobre el que se pretende erigir el proyecto ?propiedad del gobierno estatal?, pues presumió la comisión de un fraude contra el patrimonio de los colimenses
El 21 de octubre pasado, el ahora exgobernador Silverio Cavazos anunció el arranque del proyecto Puerto Santiago, en la zona conocida como La Boquita, en la laguna de Juluapan, en presencia del principal inversionista, el estadunidense David Moothie, quien presuntamente pagó 111 millones de dólares al gobierno estatal por unas 51 hectáreas de terreno colindante con la playa
Días después, todavía en la gestión de Silverio Cavazos, organizaciones ambientalistas pidieron la intervención del Congreso de la Unión luego de considerar que un desarrollo turístico de ese tipo dañará los ecosistemas de la zona
El diputado Leoncio Morán también denunció presuntas irregularidades en la venta del terreno, realizada a través de la empresa Affinity de Minnesota, a la que vinculó con el secretario de Turismo estatal, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, y el director de la paraestatal Desarrollo Habitacional y Marina de Santiago, Carlos Guillermo Aguirre Ceballos
El legislador panista denunció asimismo que las escrituras de la compraventa se tramitaron en la notaría encabezada por Marcelino Bravo Jiménez, padre del titular de Turismo
Según Morán Sánchez, en el proceso de enajenación de los terrenos se dieron esquemas de subvaluación con el fin de beneficiar a terceros
El 30 de octubre, un día antes del final del sexenio, el director de Desarrollo Habitacional descartó un presunto fraude en la venta de los terrenos y aseguró que el procedimiento se llevó a cabo conforme a la ley y de manera pública
Incluso Aguirre Ceballos acusó al legislador panista y a las organizaciones ambientalistas de tratar de frenar el desarrollo del estado
Expuso que el precio del terreno se determinó de acuerdo con un avalúo realizado en marzo de 2007 por el perito Fernando García Soto ?suegro del diputado panista Leoncio Morán? , quien consideró que los 510 mil metros cuadrados alcanzaban un valor de 45 millones de dólares, aunque finalmente se pactó la venta en una cantidad superior
Durante la manifestación de este martes, encabezada por el exdiputado local perredista Jaime Sotelo García, el secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, ofreció a los disidentes programar reuniones para dialogar sobre el conflicto
Posteriormente, los inconformes se trasladaron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde fueron recibidos por el delegado Raúl Arredondo Nava, quien les aseguró que hasta el momento no existe solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para el área de La Boquita