Fidel Herrera veta reformas al Código Penal de Veracruz

jueves, 10 de diciembre de 2009

JALAPA, Ver., 10 de diciembre (apro).- El gobernador Fidel Herrera Beltrán vetó hoy las reformas al Código Penal del estado aprobadas la semana pasada por el Congreso local.
    Herrera tomó la decisión luego de la andanada de críticas que lanzaron diferentes sectores de la sociedad, en especial los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Veracruz.
    El rechazo, en especial al artículo 348 bis del Código Penal del estado, se originó debido a que la reforma, planteada por el PAN y aprobada la semana pasada, aplica sanciones a jueces y ministerios públicos que incurran en irregularidades.
Al respecto, el gobernador del estado planteó una “nueva fase de análisis” en la que participará el Consejo Consultivo para la Implementación del Nuevo Sistema Penal del Estado.
    En su iniciativa, el Partido Acción Nacional propuso modificar el capítulo IX del Código Penal relativo a los delitos cometidos por servidores públicos, con la adición del artículo 348 bis, denominado “delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia”.
    En la reforma aprobada se establecieron sanciones de 2 a 8 años de prisión y multa de 100 a 500 salarios, y la destitución del cargo, al servidor público que dicte una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo “que viole algún precepto de la ley o que sea contraria a las constancias procesales legalmente practicadas o resuelva ilegalmente una libertad caucionar”.
    Sin embargo, la iniciativa fue cuestionada por el Colegio de Jueces del estado y respaldada por el presidente del TSJ, Reynaldo Madruga Picazo, quien consideró que esta medida se podría prestar para que algunos abogados “inescrupuloso” sometan a jueces, ya que sus resoluciones no podrían llevarse a cabo en los términos que indica el derecho.
    Aunque aseguró que toda  medida que permita combatir la corrupción es “bienvenida”, insistió en señalar que la reforma penal aprobada por el Congreso del estado, “podría afectar totalmente al arbitrio judicial”, ya que el servidor público tendría que sopesar otros factores para emitir una resolución y no lo que establece la ley.
    Hoy, el pleno legislativo conoció las observaciones hechas por Herrera Beltrán al decreto 587, donde sugiere consultar a los principales involucrados y, el producto que se obtenga, “podrá someterse a consideración del pleno legislativo y, del mismo modo, emane una iniciativa de reforma de ley sobre la materia”.

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