TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 16 de diciembre (apro).- Alrededor de 500 indígenas evangélicos de la comunidad de Nachig, ubicada en el municipio de Zinacantán, iniciaron un éxodo masivo hacia San Cristóbal de Las Casas y otros lugares circunvecinos, debido a la inseguridad que se vive en su lugar de origen, derivada de la intolerancia religiosa propiciada por católicos tradicionalistas.
    Oscar Moha, representante del organismo internacional Voz de los Mártires, y el pastor evangélico, Juan Rico García, de la Iglesia Bíblica en Chiapas, afirmaron que el éxodo masivo inició el pasado lunes 14, luego de las agresiones que sufrieron varias personas que profesan otra religión diferente a la católica, dos de las cuales resultaron gravemente heridas.
De acuerdo con Rico García, lo que empezó como un problema político entre simpatizantes y adversarios del presidente municipal de Zinacantán, Antonio Conde, se convirtió en un problema de intolerancia religiosa entre católicos tradicionalistas y protestantes, quienes cuentan con al menos cinco iglesias en la comunidad de Nachig.
Semanas atrás, los católicos tradicionalistas, quienes han acusado a los evangélicos de no respetar ni colaborar con las festividades religiosas católicas de la comunidad, quemaron el templo evangélico Príncipe de Paz y amenazaron con prender fuego a las otras cuatro iglesias protestantes.
Y más: al menos media docena de casas de familias evangélicas fueron saqueadas y sus ocupantes agredidos verbal y físicamente, según Rico.
En días pasados, añadió, las fuerzas policiacas estatales arribaron a la comunidad para garantizar la seguridad de los evangélicos, pero cuando los uniformados dejaron el lugar, el pasado fin de semana, reinició la embestida, que obligó a más de 500 personas a dejar sus tierras por miedo a nuevas agresiones.
Por su parte, Oscar Moha, vocero de Voz de los Mártires, dijo que ante los atropellos a los derechos humanos y la impunidad en Nachig, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Chiapas, agregó, es el estado  donde más casos de discriminación e intolerancia religiosa se registran en todo el país, sin que hasta el momento exista voluntad política y jurídica para sancionar a los agresores de personas que no practican el culto católico.
Y explicó que en varias ocasiones han documentado diversas agresiones, amenazas, vejaciones, despojos, quema de templos, robos, extorsiones, secuestros y otros delitos graves, pero aún siguen esperando el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y presentación respectivas.
“Ante la pasividad de las autoridades federales, municipales y estatales, esta organización, en conjunto con denominaciones evangélicas, han decidido crear un ‘“protocolo de reacción ante casos de intolerancia religiosa’, que consiste en denunciar ante instancias locales e internacionales todos aquellos asuntos que violan las garantías individuales de los cristianos evangélicos”, señaló Moha.
Según el representante de Voz de los Mártires, el “protocolo”, en el que participan abogados y profesionistas de organismos no gubernamentales, será presentado en breve ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, como oficinas que coadyuvarán en la conformación de los expedientes respectivos que se presentarán ante las autoridades judiciales en México.
Mencionó que presentarán denuncias formales ante las instancias jurídicas correspondientes, para dejar constancia de que existen personas o autoridades que violan la ley y, por tanto, deben ser sancionadas conforme a los estatutos jurídicos vigentes.
Esas denuncias, dijo, las harán llegar a los senadores y diputados locales y federales para que evidencien, desde sus respectivos ámbitos de competencia, a quienes incumplan la ley o traten de ocultar los casos documentados, que en su oportunidad compartirán con los medios de comunicación y las instancias internacionales, a fin de que las iglesias cristianas evangélicas en otras naciones envíen cartas a las embajadas de México en el extranjero en demanda de justicia.
“Lamentamos que el año 2009 termine con un saldo de templos quemados; evangélicos golpeados y expulsados, agredidos y amenazados; niños que no pueden asistir a la escuela; campesinos que no pueden acceder a los programas de beneficio gubernamental, y familias despojadas de sus bienes por el delito de no profesar la religión mayoritaria, con la complicidad de autoridades que lucran con beneficios políticos antes que cumplir con la ley”, concluyó Moha.
En tanto, líderes evangélicos de la zona  indígena de los Altos de Chiapas enviaron una misiva al gobernador de la entidad, Juan Sabines Guerrero, para pedirle que intervenga y frene la violencia en Nachig.
“Así como dice defender los derechos humanos, le exigimos (a Juan Sabines) que intervenga y pare esta agresión brutal contra nuestros hermanos. (El gobernador) se comprometió a cumplir y hacer cumplir la ley, y esperamos que ahora nos garantice el libre ejercicio del artículo 24 constitucional, que menciona el derecho a profesar la religión que más nos plazca como ciudadanos”, se lee en el texto.