TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 29 de diciembre (apro).- El Congreso local aprobó hoy una iniciativa de Ley de los Derechos Indígenas para el Estado de Chiapas, enviada por el gobernador Juan Sabines, con la que se pretende “reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como el respeto a sus usos y costumbres”.

          Luego de que se intentó legislar para darle marco legal a las cinco juntas de buen gobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), propuesta que fue rechazada por las bases de apoyo del grupo armado, los diputados aprobaron esa ley, cuyo objetivo es que “los pueblos y comunidades indígenas tengan las mismas oportunidades de desarrollo con base en el respeto a sus costumbres”.

          Javier Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso local, afirmó:

          “Con esta ley se busca que la población indígena de la entidad tenga oportunidades de desarrollo que permitan mejorar su calidad de vida, sin que esto represente la pérdida de su cultura. Es decir, brinda un marco jurídico con el que se respetan las diferencias culturales y se brindan las mismas oportunidades para una subsistencia integral”.

         Señaló que con la Ley de los Derechos Indígenas para el Estado de Chiapas, se da respuesta a reivindicaciones añejas de los pueblos indígenas del estado y “se reconocen sus instituciones sociales, costumbres, y se brinda respeto pleno a los derechos individuales y sociales de sus comunidades”.

          En ese sentido, Martínez Vargas destacó los avances logrados en el reconocimiento a los derechos de los indígenas de Chiapas, y consideró que la ley aprobada fortalece las acciones realizadas en los últimos años para ponderar la cultura indígena.

         “Ahora no sólo se fomenta el respeto a los usos y costumbres, sino que se establece un marco jurídico para el acceso a mejores oportunidades de desarrollo”, indicó.

          Dijo que la aprobación de esta ley se complementa con el anuncio de Sabines acerca de la “inversión histórica” en 2010  para los pueblos indígenas, así como con la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU para combatir la pobreza y marginación.

         Este nuevo marco jurídico omite los acuerdos de San Andrés, cuyo cumplimiento demanda el EZLN desde que se firmó en febrero de 1996.