SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., 9 de diciembre (apro).- En pleno siglo XXI, la defensa de los derechos humanos en esta entidad sigue siendo una misión de alto riesgo, denunció hoy el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
En el marco de los festejos para conmemorar el Día Mundial de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos, el Frayba dijo que en Chiapas y en otras regiones del país, la defensa de los derechos humanos se ha criminalizado tanto que quienes asumen el compromiso de hacer respetar las garantías fundamentales son considerados “parte de la delincuencia organizada o como parte de una red de subversión” que tiene como objetivo desestabilizar al Estado.
Diego Cadenas Gordillo, director del Frayba, denunció que “en un pequeño recuento” el centro que encabeza pudo constatar casos graves de hostigamiento y agresiones en contra de defensores de los derechos humanos.
Puso como ejemplo el asesinato de Mariano Abarca Roblero, líder del movimiento antiminero que demandaba la salida de una empresa de origen canadiense que contaminaba los mantos acuíferos de su municipio.
También recordó que varios integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) --Adolfo Guzmán Ordaz, Ricardo Lagunes Gasca, Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara-- han sido víctimas de acoso y persecución.
Otros, agregó, ha terminado en la cárcel por el simple hecho de exigir el respeto a sus derechos humanos, como José Manuel Hernández Martínez, Chema, y sus compañeros Roselio de la Cruz González y José Manuel de la Torre Hernández.
Denunció que también que el Ejército Mexicano realiza cateos ilegales de desarme en distintas comunidades de Chiapas, con el apoyo de policías, agentes y ministerios públicos estatales y federales. El pretexto, agregó, desmantelar redes subversivas que preparan un “estallido social en 2010”.
Estos operativos, señaló, ponen en riesgo la integridad personal no sólo de líderes y defensores de derechos humanos, sino de la población en general.
Expuso que actualmente, a pesar de las denuncias públicas y jurídicas que se han realizado, el gobierno mexicano no ha tomado, ni considerado las medidas mínimas para que los defensores de derechos humanos en Chiapas puedan realizar su labor sin poner en riesgo su integridad personal.