JALAPA, Ver , 3 de febrero (apro)- Organizaciones civiles solicitaron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) agilizar los trámites para que una mujer indígena de la sierra de Chicontepec, quien fue agredida sexualmente, pueda interrumpir el embarazo producto de una violación
         Representantes de varias agrupaciones no gubernamentales señalaron que la indígena tiene 12 semanas de embarazo y, debido a que padece de sus facultades mentales, difícilmente podría hacerse cargo de un recién nacido, pues ni siquiera está consciente de la situación que enfrenta y vive en condiciones de extrema pobreza
         En conferencia de prensa, representantes de las agrupaciones Xochiquetzal, Católicas por el Derecho a Decidir y Colectivo de Investigación y Educación entre Mujeres, Salud y Género, consideraron que la dilación de la autorización para interrumpir el embarazo podría obedecer a una estrategia para que después sea imposible practicarle un aborto a la afectada
Así mismo, informaron que desde el 17 de enero pasado, familiares de la indígena náhuatl, de 30 años de edad, denunciaron que fue a finales de 2008 cuando se perpetró el abuso sexual en la sierra de Chicontepec, al norte del estado, pero el responsable del ataque no ha sido detenido
Aracely González, de Xochiquetzal, y Romen Reyes, de Católicas por el Derecho a Decidir, agregaron que la intervención del Instituto Veracruzano de la Mujer ha sido "tibia" y no ha habido apoyo jurídico para obtener la autorización judicial, solicitada desde enero pasado
González Saavedra dijo que hay una doble intención, tanto de la PGJE como de la Secretaría de Salud, para retrasar la autorización con la cual podría practicarse el aborto a la indígena náhuatl
Añadió:
"Tal vez estarían esperando que se cumpla el lapso de 12 semanas para argumentar que ya no es posible la interrupción legal del embarazo"
De acuerdo con el artículo 154 del Código Penal de Veracruz, el aborto no es punible si el embarazo fue resultado de una violación o inseminación artificial no consentida
Al respecto, Romen Reyes Vidal, representante de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló:
"Hay el elemento jurídico para autorizarlo y, sobre todo, el contexto sanitario para acreditar que se requiere practicar un legrado a esta persona, pero extrañamente dejan pasar el tiempo"
Así mismo, refirió que a través del Instituto Veracruzano de la Mujer y diversas organizaciones civiles en la zona norte del estado, al momento se han documentado al menos 10 casos de mujeres indígenas de la sierra de Chicontepec que han sido víctimas de abuso sexual y no han recibido apoyo jurídico
 
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