Travestis, víctimas de la represión en Monterrey
En entrevista, Mario Rodríguez Platas, del Colectivo Nuevo León Incluyente; Antonio Nevárez, de Comunidad Metropolitana AC, y Natalia, un travesti activista, detallaron que de un tiempo para acá los uniformados comenzaron a perseguirlos, a cuasrlos de ejercer la prostitución y a pedirles dinero a cambio de no remitirlos a la delegación o, bien, para sacarlos de la cárcel
Plata señaló que los actos de la corporación municipal, conocida como La Regia, se endurecen cada vez más en las calles del primer cuadro de la ciudad
Abundó: "Estamos denunciando particularmente los actos de represión que hace la policía regia en el área de Colón, entre Colegio Civil y Cuauhtémoc, así como en la Plaza Hidalgo, donde La Regia tiene órdenes de que retiren pordioseros y homosexuales de ese lugar porque dan mala nota al turismo"
Los encargados de los arrestos en la zona, dijo, son los oficiales que tripulan la unidad 526 de la Policía Municipal, y su objetivo principal son los travestis, transgénero y transexuales, a quienes "en ocasiones los policías piden favores de índole carnal" para dejarlos en libertad
De acuerdo con Rodríguez Plata, el año pasado el alcalde panista, Adalberto Madero, se comprometió a atender las demandas de los homosexuales, pero hasta ahora los hostigamientos continúan e incluso se han endurecido
Y ejemplificó con el caso del transexual Luis Castillo Torres, también conocido como Vanessa, quien envió al edil un texto en el que le explica que el pasado 14 de febrero, a las 0:21 horas, fue detenido por agentes de la patrulla 526 "y uno de ellos le hizo tocamientos en los pechos mientras le hacía proposiciones"
Vanessa grabó la conversación en su teléfono celular, pero uno de los agentes lo descubrió, le quitó el aparato y lo remitió a la celda H, a donde son enviados los homosexuales A las 3 de la madrugada salió de la cárcel, luego de pagar una fianza de 600 pesos
Ese mismo día, Castillo Torres interpuso una denuncia en el Departamento de Asuntos Internos de la corporación, donde se abrió el expediente 030/Q/2-2009, y el 24 de febrero presentó una queja en Derechos Humanos, donde se abrió el expediente CEDH 114/2009
Al referirse a las multas que los policías cobran a los detenidos, Mario Rodríguez señaló que son ilegales, dado que el cobro por "faltas al reglamento de policía y buen gobierno" es de 10 cuotas de salario mínimo, es decir, 532 pesos, "pero el juez calificador redondea la cifra y cobra 600 pesos"
Según el representante del Colectivo Nuevo León Incluyente, al menos tres afectados han presentado denuncias ante las autoridades correspondientes, pero "al parecer fueron eliminadas"
El Departamento de Asuntos Internos, dijo, no tiene registro de las denuncias presentadas por Natalia, Vanessa y Ximena, por lo que expuso tal irregularidad a Gerardo Ravelo Luna, presidente de la Comisión de Honor y Justicia del municipio, quien sólo le recomendó que en el futuro, si tenía una queja, se la entregara directamente a él