Manifestarse en Nuevo León, cuestión de privilegios
MONTERREY, 17 de marzo (apro) - La directora de la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los derechos humanos (Cadhac), Consuelo Morales Elizondo, afirmó que la ley que penaliza los bloqueos viales viola las garantías individuales y podía ser utilizada por las autoridades con fines discrecionales
La iniciativa, promovida por el gobernador Natividad González Parás y la diputación panista en el Congreso Local, fue aprobada el martes pasado, luego de los bloqueos realizados en febrero pasado en las principales calles de la ciudad, por los "tapados", como se identificó a las personas que protestaron con los rostros cubiertos para evitar ser identificados
La ley prevé penas de hasta seis años de prisión a quienes obstaculicen el tránsito vehicular, en acciones de protesta
En febrero pasado, cuando se realizaron las primeras propuestas para penalizar los bloqueos viales, Cadhac impugnó la iniciativa, al afirmar que violaba las garantías individuales y podía ser usada con fines discrecionales
Mediante un oficio fechado el 11 de febrero, Morales Elizondo, afirmó que tipificar como delito la "obstrucción de vialidades", como se establece en el Código Penal del estado, viola los artículos 6 y 9 de la Constitución del país y el 13 y 15 de la Convención Americana sobre derechos humanos
En entrevista, Morales Elizondo puso como ejemplo del uso de la legislación con fines discrecionales la detención de 80 taxistas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que el pasado lunes 16 sitiaron con sus vehículos la sede estatal del PRI estatal, ubicada en el cruce de las calles Arteaga y Pino Suárez, en el centro de Monterrey
Durante la protesta, los taxistas, que acusaban a la dirigencia priista de "amañar procesos electorales", bloquearon tres de los cinco carriles de la transitada avenida
Morales Elizondo dijo que no hubo autoridad que actuara contra los taxistas, quienes violaron la nueva disposición del Código Penal del estado
El artículo 177 bis 1 adicionado de la nueva ley señala: "Comete el delito de obstrucción de la vía pública quien, mediante actos de protesta o manifestación, ataque los derechos de terceros, impidiendo total o parcialmente el libre tránsito de vehículos automotores"
Establece que se impondrá una sanción de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 50 a 100 cuotas de salario mínimo La pena aumentará hasta con seis años de prisión y una multa de 200 a 400 cuotas, si el infractor se hace acompañar de menores de 12 años
Los diputados apostaban a que con la nueva ley nadie se atrevería a bloquear vialidades
Morales Elizondo afirmó: "Nosotros vimos esta nueva ley con muchísimas reservas porque se puede usar de manera selectiva, como ocurrió con los taxistas de la CROC Pregunto: ¿porqué no aplicaron la ley en esta caso?"
Añadió: "Lo que vemos es la selectividad y un endurecimiento de las leyes, pero no hay protección a la ciudadanía Se utiliza la ley según los actores sociales y la cárcel se llena de gente pobre o que no está de acuerdo con el sistema"
Señaló: "Se actúa de acuerdo a quién es En este caso, a los croquistas, como son del PRI, se les permite esto Pero si hay una protesta social se actúa de inmediato Es una ley para que funcionarios y candidatos queden bien con la ciudadanía en tiempos electorales"
Morales Elizondo recordó el caso de los exbraceros del estado, quienes el 26 y 27 de enero pasado bloquearon durante 10 minutos la avenida Morones Prieto, a la altura del Parque España, en demanda de apoyos federales que les han sido negados o que no les han entregado a tiempo
El 27 de enero, agentes de la Policía de Monterrey formaron una valla para impedir que los exbraceros continuaran su manifestación
"Esto pasó días antes de los `tapados` y en menos de media hora había más de 100 agentes antimotines Insisto: hay una actitud selectiva para reprimir a ciudadanos que reclaman sus derechos", agregó
Por su parte, el diputado panista Fernando Kuri Guirado, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, instancia que revisó y aprobó la iniciativa, dijo que es el gobierno del estado el que debe actuar para que la ley se haga efectiva Añadió que, si no es así, "se convertirá en letra muerta, como ha ocurrido con otras nuevas disposiciones"
"Es importante que la autoridad aplique la norma Hicimos esta ley porque no vamos a permitir que grupos violentos obstruyan la vía pública En el caso de los taxistas, el gobierno del estado debe hacer valer el estado de derecho y actuar en consecuencia", añadió
La iniciativa, promovida por el gobernador Natividad González Parás y la diputación panista en el Congreso Local, fue aprobada el martes pasado, luego de los bloqueos realizados en febrero pasado en las principales calles de la ciudad, por los "tapados", como se identificó a las personas que protestaron con los rostros cubiertos para evitar ser identificados
La ley prevé penas de hasta seis años de prisión a quienes obstaculicen el tránsito vehicular, en acciones de protesta
En febrero pasado, cuando se realizaron las primeras propuestas para penalizar los bloqueos viales, Cadhac impugnó la iniciativa, al afirmar que violaba las garantías individuales y podía ser usada con fines discrecionales
Mediante un oficio fechado el 11 de febrero, Morales Elizondo, afirmó que tipificar como delito la "obstrucción de vialidades", como se establece en el Código Penal del estado, viola los artículos 6 y 9 de la Constitución del país y el 13 y 15 de la Convención Americana sobre derechos humanos
En entrevista, Morales Elizondo puso como ejemplo del uso de la legislación con fines discrecionales la detención de 80 taxistas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que el pasado lunes 16 sitiaron con sus vehículos la sede estatal del PRI estatal, ubicada en el cruce de las calles Arteaga y Pino Suárez, en el centro de Monterrey
Durante la protesta, los taxistas, que acusaban a la dirigencia priista de "amañar procesos electorales", bloquearon tres de los cinco carriles de la transitada avenida
Morales Elizondo dijo que no hubo autoridad que actuara contra los taxistas, quienes violaron la nueva disposición del Código Penal del estado
El artículo 177 bis 1 adicionado de la nueva ley señala: "Comete el delito de obstrucción de la vía pública quien, mediante actos de protesta o manifestación, ataque los derechos de terceros, impidiendo total o parcialmente el libre tránsito de vehículos automotores"
Establece que se impondrá una sanción de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 50 a 100 cuotas de salario mínimo La pena aumentará hasta con seis años de prisión y una multa de 200 a 400 cuotas, si el infractor se hace acompañar de menores de 12 años
Los diputados apostaban a que con la nueva ley nadie se atrevería a bloquear vialidades
Morales Elizondo afirmó: "Nosotros vimos esta nueva ley con muchísimas reservas porque se puede usar de manera selectiva, como ocurrió con los taxistas de la CROC Pregunto: ¿porqué no aplicaron la ley en esta caso?"
Añadió: "Lo que vemos es la selectividad y un endurecimiento de las leyes, pero no hay protección a la ciudadanía Se utiliza la ley según los actores sociales y la cárcel se llena de gente pobre o que no está de acuerdo con el sistema"
Señaló: "Se actúa de acuerdo a quién es En este caso, a los croquistas, como son del PRI, se les permite esto Pero si hay una protesta social se actúa de inmediato Es una ley para que funcionarios y candidatos queden bien con la ciudadanía en tiempos electorales"
Morales Elizondo recordó el caso de los exbraceros del estado, quienes el 26 y 27 de enero pasado bloquearon durante 10 minutos la avenida Morones Prieto, a la altura del Parque España, en demanda de apoyos federales que les han sido negados o que no les han entregado a tiempo
El 27 de enero, agentes de la Policía de Monterrey formaron una valla para impedir que los exbraceros continuaran su manifestación
"Esto pasó días antes de los `tapados` y en menos de media hora había más de 100 agentes antimotines Insisto: hay una actitud selectiva para reprimir a ciudadanos que reclaman sus derechos", agregó
Por su parte, el diputado panista Fernando Kuri Guirado, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, instancia que revisó y aprobó la iniciativa, dijo que es el gobierno del estado el que debe actuar para que la ley se haga efectiva Añadió que, si no es así, "se convertirá en letra muerta, como ha ocurrido con otras nuevas disposiciones"
"Es importante que la autoridad aplique la norma Hicimos esta ley porque no vamos a permitir que grupos violentos obstruyan la vía pública En el caso de los taxistas, el gobierno del estado debe hacer valer el estado de derecho y actuar en consecuencia", añadió