TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis , 4 de mayo (apro)- La Procuraduría General de Justicia (PGJE) consignó hoy al penal de El Amate al dirigente del Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente (MOCRI), Eric Bautista Gómez, y a ocho indígenas tzeltales

Según la PGJ, los detenidos --Jerónimo y Antonio Gómez Zaragoza, Jerónimo Moreno Deara, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián y Pedro Demeza Deara, Juan Gómez Moreno y Miguel Vázquez Moreno--, fueron encarcelados como probables responsables de los delitos de robo con violencia y delincuencia organizada

"Al momento de la detención, les fueron asegurados tres pasamontañas, un radio de comunicación, machetes y un vehículo marca tsuru rojo, mismos que, de acuerdo con su propia declaración, utilizaban para cometer los asaltos", afirmó la PGJE

Así mismo, dio a conocer que ejercitó acción penal en contra de Eric Bautista Gómez, acusado del delito de homicidio calificado por hechos ocurridos el 11 de noviembre de 2008, en la colonia Emiliano Zapata de Tuxtla Gutiérrez, donde perdió la vida Martha Gómez Pérez

"Bautista Gómez fue localizado en su domicilio, el pasado 7 de abril, en cumplimiento de una orden de presentación y localización, y derivado de una orden de cateo se logró el aseguramiento, en dicho domicilio, de diversos cartuchos calibre 45", según la dependencia

Ambas capturas y consignaciones fueron cuestionadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé (Frayba) y por el MOCRI, que acusaron al gobierno de prefabricar delitos en contra de personas que pertenecen a grupos sociales campesinos que disienten de las políticas públicas del gobierno local

En una misiva, el MOCRI señaló que desde que fue capturado, el 7 de abril, Bautista Gómez fue sometido a tortura física y psicológica y le garantizaron su libertad si señalaba quiénes eran los líderes de su organización y dónde se encontraban

Por su parte, el Frayba denunció que los ocho indígenas detenidos y consignados a El Amate recibieron golpes en diversas partes del cuerpo

El Centro de Derechos Humanos dijo que recabó testimonios "de actos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, ocurridos durante su aprehensión, traslado, arraigo y declaración ministerial"

Así mismo, afirmó haber constatado que en la averiguación previa 16/FECDO/2009-04, integrada por el agente del Ministerio Público, José Alonso Hernández Vicente, de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), existen violaciones al debido proceso en la procuración de justicia, "siendo la más grave la falta de un traductor en su idioma, por lo que los ocho detenidos fueron obligados a firmar documentos sin saber su contenido, que resultaron en declaraciones autoinculpatorias, sin obviar que siete de ellos declararon bajo tortura"

Abundó: "Este Centro de Derechos Humanos hace notar que el gobierno de Juan José Sabines Guerrero incurre en graves violaciones a los derechos humanos, a través de una política represiva, haciendo uso indiscriminado del sistema de procuración y administración de justicia como una forma de gobernar, así como de la fabricación de delitos, tal como lo hizo en su oportunidad la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, a través del exfiscal Mariano Herrán Salvatti y sus jueces de consigna"