JALAPA, Ver , 18 de junio (apro)- Con algunas modificaciones y con el voto en contra del PRD, el Congreso local aprobó la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con la que se homologa la legislación estatal con la federal

Luego de dos recesos para discutir los cambios hechos a la iniciativa planteadas por la oposición, que amenazó con votar en contra, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Convergencia y PRV aprobaron el dictamen de las comisiones unidas de Seguridad Pública y Puntos Constitucionales

         A punto de cumplirse el plazo para que los estados homologaran sus legislaciones al marco federal, la iniciativa de ley fue turnada al pleno legislativo, donde el PRD exigió que se "moderaran" las excesivas atribuciones que se le asignaban al titular del Poder Ejecutivo estatal

En la discusión, se dijo que la nueva ley tiene como objetivo garantizar la permanente capacitación de los cuerpos policiales, mejorar los operativos de combate a la delincuencia y replicar a nivel estatal los esquemas de organización policiaca y ministerial del orden federal

Después de un receso de más de media hora, en el que el jefe del programa de la Oficina de Gobierno, Dionisio Pérez Jácome, participó con integrantes de las comisiones dictaminadoras, se acordó modificar nueve artículos de la iniciativa

El diputado convergente Sergio Vaca Betancourt, quien ayer había cuestionado la iniciativa, afirmó en tribuna que, con las modificaciones realizadas, se logró "quitar" facultades excesivas al titular del Poder Ejecutivo", por lo que "el dictamen quedó mejor, aunque no de manera satisfactoria"

En su intervención, el también presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, afirmó que la premura para aprobar dicha ley, cuyo terminó vencía el próximo 20 de junio, "nos obligó a trabajar sobre las rodillas, lo que no es posible, ya que las cosas importantes deben hacerse con calma"

Luego de las reformas federales en esta materia, aprobadas por el Congreso de la Unión,  los Congresos locales quedaron obligados a realizar las adecuaciones necesarias a sus respectivas legislaciones de seguridad pública o, en su caso, crear una nueva ley a más tardar el próximo 20 de junio

Por su parte, la diputada perredista Margarita Guillaumín, tras adelantar el voto en contra de los cuatro integrantes del grupo parlamentario de su partido, manifestó que el nuevo ordenamiento "otorga facultades inconmensurables a los gobernadores, procuradores y ministerios públicos"

"¿Acaso no sería necesario primero depurar nuestras instituciones de procuración de justicia antes de darles este cheque en blanco?", cuestionó, y   afirmó que, más que enfrentar con armas al crimen organizado, "lo que requerimos es combatir de manera efectiva la pobreza, crear empleos y una cultura de respeto a los derechos humanos y terminar con la impunidad de nuestras autoridades"

El debate de la oposición se centró en el artículo V del dictamen, mediante el cual se pretendió otorgar "facultades desmedidas" a los agentes del Ministerio Público, quienes sólo serían sancionados tras cometer "siete irregularidades" en su función, ya que finalmente fue modificado

Con esta ley se crearán el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como unidades especiales para el combate a delitos de alto impacto social como los secuestros

Además, establece que el uso de la fuerza pública "será legitima" ante el riesgo de violaciones a los derechos humanos y únicamente "cuando se haga de manera racional, proporcional, congruente, oportuna y con respeto estricto de los derechos humanos"

Por otra parte, con la modificación a diversos artículos del Código Penal del estado, se tipifico como delito la prestación de servicios de seguridad sin los permisos legales, por lo que se impondrá una sanción de 6 años de cárcel y multa de mil a 5 mil salarios mínimos y se equiparara al delito de usurpación de funciones

Con la aprobación de las reformas planteadas por el panista Jesús Mancha, se impondrán de dos a cuatro años de cárcel y multa de 100 a 500 salarios mínimos a quien promueva, dirija, organice, incite, competa o patrocine a otro u otros a prestar servicios de seguridad privada sin contar con la autorización de la autoridad competente